El reciente dato del INDEC que ubica la desocupación en un 7,5%, representando un salto de casi un punto en apenas un trimestre, disparó las alarmas. Para el sociólogo Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA, esa cifra es apenas el “dato frío” de una realidad mucho más compleja.
En diálogo con Palabras más, palabras menos, por LA CIELO, adelantó que el 30 por ciento de la población está atravesando dificultades laborales o demanda trabajo. No se trata de una proyección antojadiza sino de los números que se agrupan bajo las columnas “subocupados demandantes” o incluso en los “ocupados demandantes”. Y empalma con la postura de otros académicos que hablan de un “desempleo blue” en la Argentina.
Chávez Molina sostiene que la premisa de una recuperación automática de los puestos de trabajo en nuevos sectores -a la que apelan permanentemente Javier Milei y los funcionarios de su gobierno- carece de sustento fáctico, afirmando de manera tajante que dicha idea “no se refleja con los propios datos del gobierno; los datos no muestran esa situación, lo que muestran es la caída de empleo formal y el crecimiento de empleo informal… no son datos empíricos”.
Esta desconexión entre el relato oficial y la evidencia técnica confirma que el país ha ingresado en una “fase de agudización de este modelo”, donde la destrucción de empleos industriales y asalariados protegidos está siendo reemplazada por una informalidad precaria que ya no alcanza para mantener a los trabajadores fuera de la pobreza.
Del diálogo con Chávez Molina se pueden extraer cinco grandes conclusiones sobre el momento del mercado laboral.
1. El “iceberg” del empleo: el 30% de la población tiene problemas laborales
Aunque la cifra oficial es del 7,5%, el doctor en Ciencias Sociales advierte que este número solo contempla a quienes buscan trabajo y no lo tienen. Si se suma a los subocupados (quienes trabajan pocas horas pero quieren más) y a los ocupados disconformes (que buscan cambiar por bajos salarios o malas condiciones), el conjunto de personas con dificultades laborales alcanza aproximadamente al 30% de la población.
Cabe recordar que, estadísticamente, una persona no es considerada desocupada si trabajó al menos una hora en la última semana, aunque haya sido una “changuita” informal.
2. La destrucción del empleo formal y el cierre de PYMES
La crisis actual está golpeando el corazón de la estructura laboral: el empleo formal asalariado, que históricamente es el más virtuoso y el que garantiza derechos. Se observa una destrucción sistemática de puestos en sectores clave como la industria manufacturera, la construcción y el sector público.
Un dato alarmante es que el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el último tiempo ha superado incluso los niveles registrados durante el periodo de la pandemia de COVID-19.
3. La “trampa” de las plataformas digitales
Ante la falta de empleo tradicional, muchos trabajadores se han volcado a las aplicaciones de delivery o servicios. Sin embargo, este fenómeno está generando una saturación del mercado. Al haber más personas compitiendo por las mismas tareas en las plataformas, los ingresos individuales caen y las condiciones se precarizan aún más. El ritmo de destrucción de empleos formales es mucho más rápido de lo que estas aplicaciones pueden absorber.
4. Sectores ganadores que no generan puestos de trabajo
Existe una brecha entre el crecimiento económico y el bienestar social. Sectores como la energía, la minería y el agro están mostrando un crecimiento “formidable”, pero son intensivos en capital y no en mano de obra. Esto significa que no tienen la capacidad de generar los puestos necesarios para compensar las pérdidas que se producen en los sectores industriales, que son los que realmente emplean a la gran masa de trabajadores.
5. El fenómeno de los “trabajadores pobres” (Pauperización)
Tener un empleo ya no garantiza estar fuera de la pobreza. Chávez Molina destaca un proceso de pauperización o empobrecimiento de los puestos existentes, donde el 70% de la población no alcanza a cubrir ingresos básicos. Con una informalidad estancada en el 43%, la mayoría de estos trabajadores se desempeñan en unidades económicas mínimas (menos de cinco personas) con nula protección social.
