El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio oral y público de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En un dictamen de 200 páginas también solicitó que se investigue la responsabilidad del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Se trata de la única causa por espionaje ilegal a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que sigue activa.
Según Picardi, “se impone indagar sobre el rol que le cupo” a quien era presidente de la Nación cuando se produjo la vigilancia ilegal constatada, Mauricio Macri, por ser “el superior inmediato de los procesados”. Las tareas de vigilancia cuestionadas en esta causa se registraron entre los años 2016 y 2019. En ese entonces, Macri había firmado el Decreto 656/16 que reinstauraba el esquema de “fondos reservados” en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
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El juez federal Marcelo Marcelo Martínez de Giorgi recibió el dictamen que habla de un posible “plan sistemático” de espionaje desplegado sobre el domicilio particular de Cristina Kirchner, quien en aquel entonces era senadora, y en la sede del Instituto Patria. Además de Arribas y Majdalani, hay otros dos agentes jerárquicos de la AFI procesados. El fiscal que investigó las maniobras sostiene que se planificaron, coordinaron y ejecutaron “tareas prohibidas por la Ley 25.520 (de Inteligencia Nacional)”. Puntualmente, habló de “observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos” a través de agentes de la AFI y de vehículos de técnica. De Giorgi tendrá que evaluar el pedido de elevación a juicio oral y público de los 4 procesados y el pedido de imputación a Mauricio Macri.
El espionaje ilegal de Cambiemos
Esta investigación es la única que sigue activa vinculada a supuesto espionaje ilegal registrado entre 2015 y 2019. La causa se inició el 20 de febrero de 2020 a partir de la denuncia articulada por la entonces Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y fue fundada en el hallazgo de documentos internos y manifestaciones puntuales de diversos agentes, quienes dieron cuenta de presuntos hechos de inteligencia ilegal.
El caso tramitó primero ante la Justicia de Lomas de Zamora porque allí estaba radicado el expediente en el que se investigaba si había dirigentes políticos que pudieran ser blanco de ataques de supuestos grupos anarquistas ante la inminencia de la cumbre del G20. Mauricio Macri también había sido imputado y procesado en la denuncia por el seguimiento de las víctimas del submarino ARA San Juan. Posteriormente, la decisión de la Justicia de Dolores fue revocada por la Cámara Federal de Comodoro Py.
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