La Justicia allanó la residencia privada de Mauricio Macri en el barrio privado de Malvinas Argentinas, Los Abrojos, donde retiró grabaciones de las cámaras de seguridad, por una presunta violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el día en que se reunió con tres intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio.
Según informaron fuentes judiciales, la orden la brindó el juez de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, tras una denuncia del subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio. Macri se había reunido con los intendentes Martín Yeza (Pinamar), Ezequiel Galli (Olavarría) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco) el jueves pasado, según contaron los propios intendentes.
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Sucede que el ex presidente debía mantener un aislamiento obligatorio y estricto de 15 días en su casa, luego de regresar del viaje a Francia para cumplir funciones en su flamante cargo en la FIFA. Yeza había aclarado que la reunión fue “al aire libre”, sin embargo eso no está contemplado dentro del decreto que rige por la pandemia de coronavirus covid-19.
En la publicación que realizó el intendente de Pinamar a través de sus redes sociales, varios ciudadanos le advirtieron que Macri incumplía la cuarentena obligatoria, como debe realizar toda persona que provenga desde el exterior. Ahora, el subsecretario de Seguridad del municipio que comanda el intendente del Partido Justicialista, Leonardo Nardini, lo denunció ante la Justicia.
La causa está a cargo del fiscal Jorge Sica, quien ordenó el allanamiento realizado posteriormente por la Policía Federal. Según informaron, el operativo fue sólo para solicitar las grabaciones de los videos de vigilancia y que sean material de prueba. Según publicó el portal Infobae, Mauricio Macri no se encontraba en la quinta de Los Arroyos durante el procedimiento, sino que estaba en su residencia en Olivos.
Sica también solicitó los registros de egreso e ingreso del ex presidente, a la Dirección Nacional de Migraciones. El fiscal investiga una posible violación al artículo 205 del Código Penal, que establece la prisión de seis meses a dos años para quien viole “las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
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