Larreta formalizó el pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema

Tal como había prometido, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió formalmente a la Corte Suprema de Justicia el pedido de medida cautelar para que la Ciudad mantenga sus privilegiados 3,5% puntos de coparticipación, que Alberto Fernández había disminuido a 2,32% luego de transferir 1,18% a la Provincia.

Ayer habían mantenido una reunión en Olivos para definir la continuidad de la cuarentena que anunciaron hoy, los tres mandatarios por separado. Cuando se retiró Kicillof, Larreta se quedó un tiempo más a solas con Alberto para conversar sobre la quita de coparticipación que enojó al jefe de Gobierno porteño.

Allí, el Presidente le indicó que no había marcha atrás, y hoy Larreta presentó formalmente su reclamo ante la Corte Suprema. Como indicó INFOCIELO, el jefe de Gobierno ya piensa en la campaña y sólo mantuvo las formalidades de cara a la pandemia de Covid-19, pero ya no se encuentra en la misma sintonía que el Gobernador Axel Kicillof, y mucho menos que el presidente Alberto Fernández.

En el escrito, el Gobierno Porteño solicitó que se restablezca el 3,5% de coparticipación para la Ciudad, se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández, que se recompongan los fondos que debía recibir Capital Federal por la coparticipación, y que se ordene “la inmediata suspensión de los efectos de ejecutoriedad del decreto presidencial”. De esta forma, la transferencia de fondos que Alberto Fernández le realizó a la Provincia para financiar la seguridad está en manos de la Justicia.

A través de un decreto, Mauricio Macri le financió en 2016 a Horacio Rodríguez Larreta la policía más cara del país y discriminó a la Policía Bonaerense, que tiene casi el cuádruple de agentes y nueve veces más habitantes que proteger.

Desde el Gobierno nacional contrarían a Larreta y justifican que el traspaso es justo. Los fondos que Macri traspasó a la Ciudad que gobernaba su partido en 2016 mediante un decreto eran excesivos para tal fin, y nuestra Provincia sufría una gran discriminación en el reparto. Además, al histórico perjuicio que sufre la Provincia en la coparticipación nacional, se le suma la injusta diferencia de cobertura policial.

Es que la administración de Axel Kicillof -y antes de María Eugenia Vidal– debía financiar con fondos propios a 93.861 agentes de la Policía Bonaerense para 17.020.012 de habitantes, cerca del 38 % de la población del país, y desplegar operativos en 307.571 m2 de territorio. Mientras que Macri le había cedido a Larreta más de 2% de la coparticipación sólo para financiar a unos 21.000 agentes, para 3.000.000 de habitantes en un territorio de apenas 202 km2. La diferencia es abismal, tanto que la propia Vidal le reclamó durante su mandato un reparto más justo al líder de Juntos por el Cambio.

Gracias a los fondos que otorgó el gobierno nacional, Kicillof pudo anunciar una recomposición salarial a la Policía Bonaerense, que reclamó de forma conflictiva los aumentos, y llevar el piso a $44.000 de bolsillo. Además, anunció un nuevo Plan Integral de Seguridad para el que invirtió $37.700 millones y que beneficiará a todos los municipios de la Provincia al incorporar unos 10.000 agentes y 2.200 patrulleros, entre otras mejoras.

Si la Justicia le ordena a la Nación recomponer los fondos para la Capital Federal, el Gobierno va a tener que buscar otra forma de financiar las mejoras en la fuerza policial bonaerense, y así equilibrar lo que hasta el mes pasado era una enorme diferencia en favor de Horacio Rodríguez Larreta.

El pedido de Larreta a la Corte Suprema