Por María Candela Aires
Una jornada de tensión, incertidumbre y reclamo social se vivió en las puertas de la Secretaría de Desarrollo Social. Un nutrido grupo de integrantes del colectivo travesti-trans se autoconvocó en la sede gubernamental para exigir respuestas concretas ante el incumplimiento en la entrega y el saldo de las tarjetas alimentarias que les habían sido prometidas meses atrás. La medida de fuerza, que se extendió durante varias horas y contó con una marcada presencia policial y de personal de Control Urbano, puso de manifiesto la severa crisis de vulnerabilidad económica que atraviesa esta comunidad.
La problemática se remonta a la primera semana de junio, cuando en el marco de las actividades por el Mes del Orgullo, las autoridades locales realizaron un operativo de inscripción. En dicha jornada, cerca de un centenar de integrantes del colectivo completaron los trámites para acceder a la asistencia alimentaria, bajo la promesa oficial de que la ayuda estaría disponible en un plazo no mayor a dos meses. Sin embargo, el tiempo transcurrió sin que la ayuda estatal se materializara, desencadenando una serie de irregularidades que motivaron las protestas.
El reclamo cobró mayor gravedad cuando varias de las beneficiarias comenzaron a recibir notificaciones oficiales vía correo electrónico confirmando que el plástico ya se encontraba disponible para ser retirado. No obstante, al acudir a las entidades bancarias correspondientes, las solicitudes fueron rebotadas o, en el peor de los casos, los plásticos entregados carecían por completo de fondos, dejando a las personas afectadas en una situación de total desprotección y desamparo.
Falta de fondos y maltrato institucional
En diálogo exclusivo con Infocielo, Galaxia Rod, activista por los derechos humanos y sociales de las personas travesti-trans, detalló la frustración vivida por sus compañeras al momento de intentar hacer uso del beneficio. “Pasaron los dos meses, no pasó nada. Varias compañeras recibieron el mail que ya estaba la tarjeta, fueron a retirarla y no estaba en el banco“, explicó la referente sobre el inicio del conflicto, señalando que las irregularidades continuaron registrándose durante los últimos días a pesar de las promesas de las autoridades.
Según relató la activista, la situación rozó lo insostenible cuando algunas de las personas afectadas lograron retirar el plástico, pero se encontraron con que el sistema rechazaba la operación a la hora de realizar las compras básicas. “Fueron al banco y la tarjeta estaba en cero. No solo eso, sino que las compañeras, una vez que la retiraron, de ahí se dirigieron al supermercado, intentaron hacer una compra y les rechazó la compra que estaban haciendo“, denunció Galaxia con indignación ante la falta de respuestas técnicas e institucionales.
A la falta de recursos económicos se sumó un clima de hostilidad al momento de intentar dialogar con los funcionarios responsables. A pesar de haber sido citadas previamente para la mañana de la jornada, las manifestantes se encontraron con las puertas cerradas del organismo y un despliegue de seguridad que impidió su libre ingreso al edificio público. La tensión se incrementó con el correr de las horas ante la negativa inicial de los funcionarios de alto rango para bajar a dar explicaciones.
Tensión en los accesos y dilación de respuestas
“Hoy fuimos porque el martes pasado habíamos sido citadas para hoy, pero cuando intentamos ingresar a lo que es el edificio de Desarrollo Social, nos recibió Control Urbano, no nos dejaron pasar, nos agarraron del brazo“, relató la activista. Asimismo, cuestionó la maniobra del organismo al enviar intermediarios sin poder de decisión para desactivar la protesta: “Mandaron a un empleado de baja categoría a decirnos que la respuesta era la misma que la semana pasada y la realidad es que hubo un compromiso de reunión“.
La permanencia en el lugar se extendió durante casi todo el día debido a las continuas dilaciones para entablar una mesa de diálogo formal. Las manifestantes decidieron no retirarse hasta ser atendidas directamente por los firmantes del compromiso institucional previo, exigiendo la presencia del titular del área. “Estuvimos bastante tiempo porque además dilataron muchísimo la situación de recibirnos, primero dijeron que no había nadie, pero después empezamos a ver que Nicolás Carvalho estaba arriba, entonces nosotras dijimos muy claramente que no nos íbamos a ir de ahí hasta que nos den una respuesta concreta y que baje el director a poner la cara porque fue quien firmó un compromiso en un acta también”, aseveró.
La exigencia de la tarjeta alimentaria pone de relieve los requisitos de acceso, los cuales están destinados estrictamente a sectores que no superan el ingreso equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto evidencia que el universo de beneficiarias abarca a personas que sobreviven en la indigencia o bajo un contexto de extrema vulnerabilidad, donde la falta de asistencia estatal impacta de manera directa en la capacidad de garantizar el sustento diario.
Precarización alimentaria y reclamo por el cupo laboral
Durante la protesta, el colectivo remarcó que este reclamo por asistencia alimentaria de emergencia está íntimamente ligado a la falta de oportunidades estructurales y a la incompleta implementación de las políticas de inclusión laboral en la provincia de Buenos Aires. La coincidencia de la manifestación con una fecha simbólica para la lucha del colectivo sirvió para poner en evidencia las deudas pendientes de la gestión pública en materia de derechos trans.
“Estamos hablando de un reclamo correspondiente a alimentos, eso que no estamos exigiendo el cupo laboral travesti trans, que en realidad también vendría de la mano de este reclamo, porque es un contexto de crisis, donde son compañeras que no cuentan con un ingreso. Hoy 17 de septiembre es el aniversario de la ley del cupo laboral travesti-trans en la provincia de Buenos Aires“, contextualizó Galaxia, remarcando la contradicción entre el marco legal vigente y la realidad que sufren a diario.
La activista enfatizó que la falta de acceso al empleo formal empuja a la mayoría de las integrantes del colectivo a la informalidad y a la dependencia de programas sociales que, cuando fallan, dejan a las personas en la absoluta indigencia. “Esto demuestra que hay un montón de compañeras que no han ingresado a este derecho y que las que no ingresaron a este derecho están en una situación bastante crítica y que merece una atención urgente por parte del Estado“, puntualizó sobre la urgencia de aplicar soluciones integrales.
Plazos fijados y desconfianza en las promesas
Tras largas horas de permanencia y presión en el lugar, los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social accedieron a firmar una nueva acta de compromiso. En el documento se estableció una fecha precisa para la acreditación de los fondos adeudados y se abrió la posibilidad de empadronar a aquellas personas que habían quedado excluidas de los registros iniciales por fallas en el sistema informático del organismo.
Sin embargo, desde la agrupación de travestis autoconvocadas manifestaron su absoluto escepticismo ante los anuncios oficiales, supeditando cualquier cese de las medidas de fuerza a la verificación efectiva del dinero en las cuentas bancarias. “La respuesta es que el cobro de la tarjeta va a ser el próximo jueves 24 y para ese mismo día estamos citadas nuevamente para poder seguir haciendo el seguimiento. Por nuestra parte no creemos en ninguna promesa hasta no ver el saldo de las tarjetas depositado y que las compañeras todas las que se inscribieron en la jornada tengan la tarjeta en mano“, sentenció la referente.
De no cumplirse lo acordado para la fecha fijada, el colectivo ya anticipó que volverá a volcarse a las calles con el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil. “Vamos a convocar nuevamente a la sociedad que nos acompañe el jueves que viene“, advirtió Galaxia, dejando en claro que la comunidad mantendrá el estado de alerta y movilización permanente hasta que la totalidad de las afectadas cuente con la asistencia alimentaria correspondiente.
