Por María Candela Aires
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata presentó una exigencia formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que active los mecanismos diplomáticos correspondientes frente a un nuevo pacto comercial y marítimo. La medida apunta de manera directa contra la alianza establecida entre una compañía naviera de origen chileno y una firma que opera bajo la órbita de la denominada Corporación de Malvinas, cuyo propósito declarado consiste en establecer un trayecto de navegación regular para el traslado de productos y suministros hacia el archipiélago
Esta acción legal e institucional, vehiculizada mediante una carta documento remitida al canciller, demanda el estricto cumplimiento de la normativa vigente reglamentada por el propio Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 868/2026.
En diálogo con Infocielo, Laurentina Alonso, abogada del Centro de ex combatientes de Malvinas (CECIM), expresó la inacción gubernamental ante este tipo de maniobras comerciales consolida la consolidación del dominio ilegítimo británico en el Atlántico Sur y contraviene acuerdos multilaterales históricos fijados por el sistema de Naciones Unidas.
El abastecimiento logístico y el megaproyecto Sea Sion
Alonso señala que el establecimiento de esta travesía marítima no responde a simples necesidades de consumo civil o mercaderías de primera necesidad de los habitantes del archipiélago. Por el contrario, sostienen que la infraestructura logística está directamente vinculada al desarrollo y sostén operativo del proyecto de extracción hidrocarburífera conocido como Sea Lion, impulsado de forma unánime por capitales trasnacionales sin la autorización ni el control del Estado argentino.
Al respecto, la abogada enfatizó el trasfondo estratégico de la presentación realizada: “Nosotros consideramos que ese abastecimiento tiene relación con el proyecto Sea Lion. Es por eso que después del decreto 868/2026, le decimos al Canciller Quirno que va a cumplir el decreto que ellos mismos han reglamentado, haciendo una protesta formal ante las autoridades chilenas en contra de este acuerdo comercial que claramente está en contra de los intereses de nuestra nación“.
Canciller Pablo Quirno
Grietas normativas y la violación de resoluciones internacionales
En el cuerpo del escrito legal enviado a las autoridades nacionales se enfatiza que la tolerancia oficial frente a estos acuerdos transfronterizos quebranta compromisos regionales clave en materia de defensa de la soberanía. Entre ellos, destacan la Declaración de Montevideo, marco normativo mediante el cual las naciones latinoamericanas firmantes se comprometieron expresamente a negar el ingreso o prestar asistencia a buques que operen bajo la bandera ilegítima de las islas o que contribuyan al sostén de la ocupación colonial.
Asimismo, remarcan que las corporaciones involucradas acuden sistemáticamente a vacíos o argucias legales para eludir los controles que corresponden al derecho internacional: “Dentro de la carta de documento que se envió a Quirno, hacemos mención de que este acuerdo va en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, de los hidrocarburos, de distintas cuestiones, como por ejemplo la declaración de Montevideo que establece que los países se comprometen a colaborar con la Argentina en relación al reglamento de lugar al ingreso de buques con bandera isleña“, sentenció Alonso.
Desconfianza sobre las mercaderías y maniobras de banderas
Las críticas de los excombatientes apuntan de igual manera al discurso oficial británicamente sostenido que intenta catalogar el pacto naviero como una mera transacción privada para el transporte de víveres frescos. Desde el CECIM remarcan la imposibilidad de verificar de manera fehaciente el tipo de cargas que efectivamente se desplazarán por esas rutas marítimas dada la ausencia total de fiscalización por parte de las autoridades aduaneras y de prefectura de la República Argentina.
“El tema de las mercaderías también es un tema que nosotros tampoco podemos saber si realmente es así. Siempre se caracterizaron por burlar nuestra soberanía. Imagínate si vamos a confiar de qué es lo que van a trasladar”, expresó. A ello agregó con severidad: “Burlando, con esta cuestión de que cambian de bandera, dicen no, pero en realidad no va a ser bandera británica ni de las Islas Malvinas, sino que va a ser la bandera de otra nación. Y así es como van burlándose de nuestra soberanía y se burlan en nuestra cara“.
Saqueo de recursos naturales y pasivos ambientales sin fiscalización
La letrada advierte que la habilitación tácita de estas travesías fomenta una cadena de explotación ilegal que abarca no solo la futura extracción de petróleo y gas, sino también la depredación continua de la cuenca pesquera en la Zona Económica Exclusiva. Esta situación, afirman, genera perjuicios irreversibles en la biodiversidad del Atlántico Sur y vulnera leyes de conservación ambiental que la potencia ocupante ignora deliberadamente.
“Ellos sistemáticamente violan dichas resoluciones y no han tenido ningún tipo de consecuencia y hoy estamos hablando de que están por explotar petróleo, gas, y nosotros no tenemos ningún control sobre eso, sobre el daño ambiental que puede provocar, sobre lo que se van a llevar, sobre la pesca que se están también llevando, depredando, y sin ningún tipo de control“, denunció en la entrevista. En esa línea, resaltó la presencia de una base militar de la OTAN en el territorio insular como un elemento de desestabilización y ocupación que atenta de forma permanente contra la condición del Atlántico Sur como zona de paz.
Un escenario geopolítico complejo y el estado de alerta de la organización
Analizando la coyuntura global y la política exterior desplegada por la actual administración nacional, Alonso sostiene que el caso Malvinas se encuentra condicionado por alianzas internacionales y conveniencias de las grandes potencias que postergan el reclamo de soberanía real. Señala con preocupación la posible injerencia de intereses de los Estados Unidos en la zona estratégica austral y en el equipamiento o uso de bases militares continentales y marítimas.
Ante la posibilidad de que se cumpla el plazo de la intimación sin obtener una respuesta o un viraje por parte de la Cancillería, la abogada confirmó que se mantiene un seguimiento permanente de las fechas anunciadas para la puesta en marcha de la ruta, previstas a partir del mes de noviembre. Aunque evalúan los pasos a seguir de cara al inicio de las operaciones de la naviera, ratificaron que el colectivo se mantendrá vigilante y movilizado: “Estamos en estado de alerta constante, siempre“.
