La Justicia bonaerense avanzó en la causa que investiga la comercialización de loteos ilegales en La Plata con el análisis de los movimientos patrimoniales y financieros del exintendente Julio César Garro. Por orden de la jueza Marcela Garmendia, se decretó desde principios de 2025 el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario sobre el exjefe comunal y sobre varios exintegrantes de su gestión municipal entre los años 2015 y 2023. Esta medida tiene como objetivo reunir elementos para detectar si existen activos sospechosos vinculados con emprendimientos inmobiliarios irregulares.
Para reconstruir la totalidad de los bienes, sociedades y activos de los imputados en el expediente, los investigadores solicitaron informes a múltiples organismos estatales. Entre las instituciones requeridas figuraron la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina. La investigación judicial se centra en la presunta existencia de una asociación ilícita inmobiliaria dedicada a la venta de desarrollos urbanos por fuera de las normas vigentes
Garro imputado por fraude a la administración pública: los exfuncionarios involucrados
El fiscal Juan Menucci asumió la instrucción del caso en la UFI N° 5 de La Plata tras la recusación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ante la jueza Garmendia debido a demoras e inacción en el proceso. Menucci notificó a Julio Garro sobre las imputaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La notificación formal emitida por la fiscalía alcanzó también a varios exintegrantes del gabinete comunal platense. Entre ellos se presentaron el exsecretario de Coordinación Oscar Negrelli, la ex titular de Planeamiento María José Botta, el exsubsecretario Leandro Ronga y el exsubsecretario Augusto Sciarretta. En tanto, el exsecretario de Obras Públicas Luis Esteban Barbier pospuso su citación en la fiscalía debido a un viaje. El expediente vincula además a otros exfuncionarios y particulares en la tramitación del proceso.
El expediente judicial se inició a partir de la denuncia penal que presentó la secretaria de Justicia municipal, Marina Mongiardino, durante la gestión del intendente Julio Alak en octubre de 2024. La presentación judicial acusó a las exautoridades de autorizar desarrollos urbanísticos sin la convalidación legal y técnica exigida por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Según la acusación municipal, los exfuncionarios omitieron de forma deliberada los controles normativos indispensables, lo que provocó un severo daño al erario público y a los habitantes de La Plata.
La maniobra administrativa se desplegó mediante la sanción de la Ordenanza N° 12.150 por parte del Concejo Deliberante durante el gobierno de Garro. Esta norma derogó el artículo 6 de la Ordenanza N° 10.703, lo que permitió la publicidad y venta de parcelas sin la convalidación provincial definitiva. De esta manera, diversos emprendimientos comercializaron terrenos rurales subdivididos como lotes aptos para viviendas, en contraposición directa con lo establecido en los decretos ley provinciales 8912 y 9078 que regulan el uso del suelo.
Cifras del fraude, perjuicio económico y consecuencias ambientales en La Plata
Los datos oficiales reunidos en la causa contabilizaron aproximadamente 450 loteos ilegales distribuidos en diversos barrios del municipio, los cuales abarcaron 3.380 hectáreas con más de 6.800 viviendas construidas. Las estimaciones de las autoridades judiciales señalaron que las operaciones irregulares generaron ganancias cercanas a 1.500 millones de dólares para empresarios y funcionarios. A su vez, esta situación provocó un perjuicio económico calculado en 700.000 millones de pesos al erario municipal y a las familias compradoras de buena fe.
De acuerdo con los informes del municipio, alrededor de 250 de estos emprendimientos carecen de posibilidades de regularización legal. Asimismo, las urbanizaciones no autorizadas se instalaron en gran medida sobre el cordón frutihortícola de la región, lo que incrementó el costo de los alquileres a pequeños productores y dificultó el acceso al agua. Debido a que estos proyectos alteraron los terrenos y aumentaron el riesgo de inundaciones, la fiscalía sumó cargos contra Julio Garro por la presunta infracción a los artículos 27, 28 y 29 de la Ley General del Ambiente.
