El exintegrante del directorio de la AFI de Mauricio Macri y actual funcionario en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Sebastián De Stefano, imputado en la causa denominada “la Gestapo de Vidal”, recusó con una presentación al juez federal platense Ernesto Kreplak.
La presentación de recusación fue efectuada por los abogados Hernán Giuntini y Germán Balaz, defensores de De Stefano, y en su fundamentaciones se refirieron al temor de parcialidad por parte del magistrado sobre el que afirmaron que está afiliado a la agrupación política La Cámpora.
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Además, los letrados cuestionaron a Kreplak por haber sido funcionario en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante uno de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, por ser el hermano del actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y por su cercanía política al Frente de Todos.
Para De Stéfano y sus abogados, la causa tiene como imputados a dirigentes políticos de la actual oposición y el juez Kreplak ha sido sometido a presiones políticas.
Ante el requerimiento de recusación, el juez Ernesto Kreplak se expidió hoy con un oficio al tribunal de alzada, en el que rechaza cada uno de los fundamentos del imputado y no aceptó la recusación.
Ahora, de manera automática, el incidente de recusación pasó a la Cámara de Apelaciones, la que deberá resolver.
Kreplak negó estar afiliado a alguna agrupación política y explicó que haber sido funcionario en el Poder Ejecutivo no implica que la parcialidad se vea en riesgo en su condición de magistrado.
Juan Sebastián De Stefano formó parte de la AFI de Mauricio Macri y en la actualidad está en el directorio de SBASE, la empresa estatal del subte.
Desde el Frente de Todos exigieron que se lo eche del cargo y en el gobierno porteño no atinaron a tomar una decisión sobre la suerte del funcionario, que responde a uno de los socios de Larreta: Daniel “El Tano” Angelici.
Como se recordará, la causa judicial se inició al trascender una filmación de un encuentro de los funcionarios bonaerenses en 2017 con empresarios de la construcción en las que se habla de armar causas contra sindicalistas (empezando por Juan Pablo “Pata” Medina, que fue preso tres meses más tarde) con el apoyo del jefe de los fiscales Julio Conte Grand y de otros sectores del Poder Judicial.
La causa judicial impactó primero políticamente sobre María Eugenia Vidal, a cuyo gobierno pertenecían los funcionarios, entre ellos el entonces ministro de Trabajo, Miguel Villegas, quien en la filmación aparece manifestando sus deseos de tener “una Gestapo” para eliminar gremios.
Luego también impactó sobre la figura de Horacio Rodríguez Larreta por la intervención en esa mesa judicial de su actual funcionario De Stefano.
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