Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores definirán en la sentencia que darán a conocer el 6 de febrero, si consideran que las pruebas presentadas en el juicio que se cerró el último jueves con los alegatos de las partes demostraron que Fernando Báez Sosa fue asesinado a partir de un plan ideado y ejecutado por los acusados de matarlo a golpes, o si la evidencia indica que su muerte el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell fue el final no deseado de una agresión desmedida tras un incidente menor ocurrido minutos antes.
En caso de entender que fue un homicidio planeado, los magistrados María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia tendrán que precisar además si consideran que los ocho imputados actuaron como un bloque, si hubo o no roles diferenciados en el ataque a la víctima, y si en base a eso pueden establecerse grados de responsabilidad penal y condenas distintos.
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Los jueces resolverán en su fallo si a todos los acusados les corresponde la prisión perpetua -como solicitaron la fiscalía y los abogados de la familia de Fernando-, si solo alguno de ellos recibe esa sentencia, o si el hecho se encuadra en una figura más leve -como pidió la defensa, a cargo de Hugo Tomei- y reciben una pena menor, que incluso podría significar la salida de la cárcel casi inmediata, por los casi tres años que llevan con prisión preventiva.
La sentencia se dará a conocer el primer lunes de febrero a las 13, en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones de Dolores, donde el último 2 de enero se puso en marcha el juicio a los acusados, Máximo Thomsen (23), Blas Cinalli (21), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Ciro (22), Lucas (23)y Luciano Pertossi (21) y Ayrton Viollaz (23).
Los ocho llegaron a juicio imputados por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y el mismo delito fue sostenido en sus alegatos de cierre del último miércoles por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, quienes representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima, y en ambos casos pidieron perpetua para todos en calidad de coautores.
La acusación fue rebatida por el defensor Hugo Tomei, quien pidió la absolución o que el hecho sea encuadrado como un “homicidio en riña”, que prevé una pena máxima de seis años de prisión, y también fue rechazada por los propios imputados, quienes en su últimas palabras ante el tribunal pidieron perdón a la familia de Fernando y negaron la intención de matar.
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La fiscalía entendió que “no hubo roles”, que “todos hicieron todo, todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon”, según el análisis realizado de la prueba incorporada durante la instrucción y de 87 testimonios brindados en el juicio, decenas de videos reproducidos y pericias detalladas en las distintas audiencias.
Para Dávila y García, los imputados atacaron “por sorpresa, a traición” a Fernando “sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse” frente al boliche “Le Brique”, luego de que tanto él y algunos de sus amigos como los acusados fueran expulsados del local por un incidente en la pista de baile.
García señaló que ese cruce previo, ocurrido cerca de las 4.30, fue el “móvil” del crimen, y que tras ser echados instantes después, los acusados permanecieron “alrededor de siete minutos cerca” del joven “acordando durante ese período de tiempo matar a Báez Sosa, esperando el momento adecuado para hacerlo”.
Precisó además que “la alevosía” con la que actuaron “agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima”.
Para respaldar su planteo, la fiscalía exhibió ante el tribunal imágenes captadas tanto dentro del boliche -en las que Thomsen realiza “un gesto amenazante” presuntamente a Báez Sosa-, como videos sincronizados del momento en que ambos grupos echados y distintas secuencias del ataque.
“No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea”, afirmó García, y subrayó: “Hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza”.
Los abogados de los padres de la víctima adhirieron al alegar al planteo fiscal y Burlando sostuvo que “todos” los imputados tuvieron la “voluntad de matar” y planearon una “cacería humana”, y que la víctima fue “fusilada a golpes y patadas”.
“La imagen de Fernando de rodillas pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados”, afirmó.
Una detallada secuencia del hecho en video acompañó la argumentación del particular damnificado, que sostuvo que hubo “un acecho” de siete minutos sobre Fernando, hasta que a partir de las 4.44.30 Viollaz “procede a dar la orden que iniciará el ataque: ´Es ahora, vamos, es ahora´”.
Precisó que luego Comelli y Ciro Pertossi dieron los primeros golpes “en forma simultánea” tras acercarse “a la carrera” y “por su espalda”,
“Casi al unísono le dan un golpe en la cabeza que lo deja de rodillas”, agregó Facundo Améndola.
De acuerdo al rastreo de movimientos exhibido y a distintos testimonios, los acusadores particulares aseguraron que el resto de los imputados también intervinieron en la agresión, y en solo 45 segundos, a las 4.45.15, “consuman el homicidio” y las lesiones que también se les imputan “contra todos los que intentaron ayudar”, y luego “se dan a la fuga”.
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LA DEFENSA DE LOS RUGBIERS
La acusación fue rechazada en la última jornada de alegatos, que se desarrolló el jueves, por parte del defensor, quien planteó en primer término la “incongruencia” entre la imputación original y la sostenida durante el pedido de penas, y solicitó en ese sentido que los imputados fueran absueltos.
Tomei pidió a su vez que en caso de que sean condenados, el hecho sea encuadrado como un “homicidio en riña”, que prevé una pena máxima de seis años de prisión. .
De manera subsidiaria, el defensor planteó que se consideren las figuras de “homicidio simple con dolo eventual” -con una pena en expectativa de 8 a 25 años- o de “homicidio preterintencional” -que prevé hasta 6 años-.
Para Tomei, “no se pudo comprobar el plan para matar” ni las causales de muerte, y “no hubo estado de indefensión, bajo ningún concepto” por parte de la víctima.
En ese sentido, consideró que “hubo una agresión” y que el hecho “se encuadra en un homicidio en agresión conocido como riña”, por lo que “con la pena que están cumpliendo de tres años quedarían todos en libertad”.
“No me quiero imaginar”, dijo, sobre la posibilidad de que sus asistidos puedan ser liberados, tras lo cual, insistió: “Pero bueno, creo que ese es el adecuado contexto jurídico en que una sentencia a mí criterio debe ser dictada.”
El defensor propuso de manera subsidiaria las otras dos figuras, pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.
Entendió que el caso tuvo una “impronta mediática inigualable”, que lo “ha transformado” en “un paradigma de lo que no debe ocurrir”.
“Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad, y considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con el criterio de la opinión pública”, señaló, y aseguró no obstante que espera “que la sentencia sea justa” y que “va a ser acatada”.
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