La víctima, Susana Beatriz Montoya, era jubilada, tenía 74 años, y fue hallada asesinada en su vivienda en la ciudad de Córdoba a golpes y puñaladas. Era madre de un militante de HIJOS y viuda de un policía desaparecido durante la dictadura.
El trágico episodio ocurrió en el barrio Ampliación Poeta Lugones. La investigación avanza con gran hermetismo, pero según medios locales, en la escena del crimen los atacantes dejaron una amenaza escrita en una pared: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
ASESINATO A LADRILLAZOS
Montoya era la madre de Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido en la última dictadura cívico-militar. Las primeras pericias indicaron que la víctima recibió un golpe con un ladrillo o cascote pesado y luego un corte.
Albareda se dirigió al domicilio porque su madre no le respondía las llamadas. Fue quien la encontró en el patio, ya sin vida.
Luego de esa situación alertó a la Policía, que al llegar descubrió un desorden en la casa. No se informó si faltaba algo de valor, pero sí se descubrió la pintada amenazante. “Solo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”, relató Fernando.
Hasta el momento no se descartó ningún móvil y no había signos de que se hubiera forzado el ingreso a la vivienda. La causa quedó a cargo del fiscal del Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger.
El brutal crimen generó preocupación por su relación con una víctima de la dictadura y por las amenazas que había recibido su hijo a principios de diciembre previamente a la asunción del entonces nuevo gobierno.
EL CALIBRE DE LAS AMENAZAS DESDE DICIEMBRE
“Se te terminaron los amigos en la Policía”, “sos hijo de terroristas”, “te vamos a juntar con tu papito”, “vas a morir”, decían algunos mensajes escritos en diferentes letras con fibra negra sobre hojas blancas, que aparecieron en la puerta de su casa el 9 de diciembre de 2023.
Junto a estas intimidaciones había dibujos de esvásticas nazis y seis balas calibre 22 largo.
“Yo recibo amenazas todos los meses. Nunca les di bola. Pero ahora parece que han vuelto, que están rompiendo todos los códigos”, dijo Fernando en aquel momento.
El padre de Fernando, Ricardo Fermín Albareda, era policía y militante del ERP. Fue secuestrado durante la última dictadura y permanece desaparecido.
Fernando forma parte de la agrupación HIJOS y era empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Córdoba, a cargo del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Hasta el año pasado, dio charlas sobre derechos humanos a policías en formación.
La investigación judicial por las amenazas de diciembre, caratulada como “amenazas calificadas”, quedó a cargo de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de la ciudad y no logró resultados.
“Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de la puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, recordó Albareda en una entrevista con Página 12.
En ese momento también contó que sufrió amedrentaciones durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos exmiembros del D2.
EL POLICÍA DESAPARECIDO EN DICTADURA
Ricardo Fermín Albareda era subcomisario en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979, fue secuestrado por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia.
Lo llevaron al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque. El titular del D2 era Raúl Telledín, quien operaba junto a Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González y los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue torturado y sufrió la mutilación de sus genitales. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.
Fernando Albareda encaró la reparación del legajo policial de su padre, amparado en la ley provincial sobre reparación histórica de legajos de empleados públicos. “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, había resaltado en su momento.
