El subprocurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Angel de Oliveira, segundo del polémico procurador Julio Conte Grand, presentó la renuncia para jubilarse.
Oliveira tiene 80 años y cerca de 40 desempeñándose en el ámbito judicial. Su renuncia abre de inmediato las negociaciones entre el senado y la Casa de gobierno.
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Es que, según prescribe la constitución, el gobernador Axel Kicillof debe elevar un pliego a la Cámara Alta de la Legislatura bonaerense para que preste el acuerdo y se nombre un reemplazo.
Por un lado, esto significa una oportunidad para el Frente de Todos, que puede colocar un alfil respirando en la nuca del siempre polémico Julio Conte Grand, para quien pidió -por ahora infructuosamente- el juicio político.
Para eso, claro, debe lograr un acuerdo con la oposición, con quien negocia a la par la cobertura de las tres vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Hasta mediados de junio de este año, el plan del gobierno era renovar sólo dos de ellas.
Hoy se calcula que hay margen para cubrir una tercera vacante con un nombramiento a pedido del Frente Renovador de Sergio Massa. Sin contar que sigue vacante la jefatura de los defensores oficiales, que la Legislatura primero y la Suprema Corte luego escindieron de la Procuración General.
El máximo tribunal de la Provincia cuenta con cuatro miembros –Hilda Kogan, su presidenta, junto a Sergio Torres, Daniel Soria y Luis Genoud– está al filo de quedarse sin quórum.
“Bien bonaerenses, que conozcan la Provincia. Y que orbiten lejos de Comodoro Py”, es el perfil de la búsqueda que sueltan desde Calle 6.
El “cupo” que negocia el Gobierno no es inocente: la oposición debe disputarse la cobertura de la otra vacante. En la UCR creen que el PRO “cobró” con el nombramiento de Sergio Torres y del propio Conte Grand, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Además, una parte de los amarillos cree que se debe ser inflexible a la hora de negociar con el Gobernador, tal como quedó claro con los pases de facturas y renuncias que se dieron luego de que Federico Thea se quedara con la presidencia del Tribunal de Cuentas.
Aunque el jefe de bloque y presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, no quiera, para muchos boina blanca, la candidata natural del radicalismo debería ser Marina Sánchez Herrero, presidenta del Concejo Deliberante de Mar del Plata y ex vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación.
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