El pesquero Cabo Vírgenes volverá a puerto con otra tragedia a bordo. Alejandro Silva murió durante una marea luego de quedar atrapado por un portón del aparejo de pesca, en un accidente ocurrido a unas 200 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado. La embarcación ya había sufrido la muerte de otro trabajador en julio, cuando un marinero cayó al mar mientras cumplía sus tareas.
El buque había partido de Puerto Madryn el 4 de octubre para realizar tareas de pesca de merluza común y tenía previsto regresar este jueves 15. Sin embargo, la emergencia obligó a activar un operativo de aeroevacuación de la Prefectura Naval Argentina.
De acuerdo con la información publicada por el medio especializado Pescare, los tripulantes alertaron que Silva había quedado aprisionado por uno de los portones del equipo de pesca. En el primer contacto, el marinero permanecía consciente, aunque presentaba fuertes dolores y vómitos. Una segunda comunicación encendió las alarmas: había perdido el conocimiento.
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Ante el agravamiento de su estado, se puso en marcha el protocolo de emergencia. Cuando el equipo de aeroevacuaciones se preparaba para intervenir, Silva ya no presentaba signos vitales. Los rescatistas utilizaron un desfibrilador externo automático y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir la situación.
Tras confirmarse el fallecimiento, tomó intervención la auxiliar fiscal federal Romina Mariana Cerezo, quien autorizó al Cabo Vírgenes a cambiar su rumbo y dirigirse hacia Puerto Madryn. Se espera que, una vez que la embarcación llegue a puerto, se tomen las primeras declaraciones testimoniales para reconstruir las circunstancias del accidente.
La muerte de Silva vuelve a poner al Cabo Vírgenes en el centro de una investigación por un episodio fatal ocurrido durante las tareas de pesca. El antecedente se remonta al 23 de julio de 2026, cuando Eduardo Morales, de 50 años y oriundo de Sierra Grande, murió tras caer al mar mientras trabajaba en el mismo pesquero.
Con dos tripulantes fallecidos en menos de tres meses, las autoridades deberán establecer cómo se produjeron ambos episodios y determinar las circunstancias en las que perdieron la vida los trabajadores.
