La popularidad de los juguetes blandos que se deforman al apretarlos quedó bajo la lupa de las autoridades sanitarias y comerciales. El Gobierno nacional prohibió la comercialización en todo el país de los productos infantiles de la marca Pinch Family, luego de que estudios de laboratorio detectaran una sustancia química en concentraciones superiores a las permitidas por la normativa vigente.
La decisión se oficializó este miércoles a través de la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La medida alcanza a los juguetes importados de China que se venden tanto en comercios físicos como en plataformas digitales y redes sociales.
Según los fundamentos de la disposición, los análisis detectaron la presencia de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), un compuesto químico utilizado para aportar flexibilidad a determinados materiales plásticos. La concentración encontrada superó el 0,2%, mientras que el límite máximo permitido por la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud es del 0,1% en peso.
Los ensayos fueron realizados por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación. La evaluación concluyó que las muestras analizadas no cumplían con los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de productos.
Qué son los juguetes squishy y por qué los prohibieron
Los squishy o squeezy son figuras de plástico blando que pueden apretarse, deformarse y recuperar su forma original. Se comercializan en distintos modelos y tamaños, y suelen estar dirigidos al público infantil.
El problema detectado está relacionado con los ftalatos, una familia de sustancias químicas utilizadas como plastificantes. Su presencia en determinados productos infantiles está restringida debido a los posibles riesgos asociados con la exposición a concentraciones elevadas.
En este caso, los análisis identificaron una cantidad de DEHP superior al doble del límite permitido. El resultado motivó la adopción de una medida preventiva para retirar del mercado los productos alcanzados y evitar que continúen disponibles para los consumidores.
La disposición también advierte que estos juguetes suelen comercializarse sin información suficiente ni advertencias en idioma nacional. Por ese motivo, la prohibición comprende las distintas variantes y presentaciones de la línea Pinch Family que no cuenten con certificados vigentes que acrediten el cumplimiento de los límites de ftalatos y de los requisitos de seguridad aplicables.
El hallazgo constituye un incumplimiento de las normas técnicas, aunque no implica por sí mismo que se hayan registrado casos de intoxicación o daños en niños.
Qué deben hacer los comerciantes y qué pasa con los juguetes que ya se vendieron
A partir de la entrada en vigencia de la disposición, los importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata las unidades alcanzadas por la prohibición.
Para quienes comercializan estos artículos por internet, la normativa establece un plazo de 72 horas hábiles para informar de manera destacada en sus sitios de venta sobre los alcances de la medida.
El incumplimiento de las obligaciones podrá derivar en sanciones previstas por la Ley de Defensa del Consumidor y el régimen de Lealtad Comercial, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.
La decisión también será comunicada a organismos nacionales y provinciales para coordinar las tareas de fiscalización. Entre ellos figuran el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Comercio Exterior, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las autoridades de comercio y protección al consumidor de las distintas jurisdicciones.
En paralelo, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete recomendó a las familias evitar la compra de productos Pinch Family y suspender el uso de aquellos que ya tengan en sus hogares. También aconsejó verificar que los juguetes cuenten con el correspondiente marcado de conformidad, advertencias en castellano y datos que permitan identificar al fabricante o importador.
