La Cámara Nacional en lo Penal Económico sorteó esta mañana los jueces que intervendrán en las dos denuncias contra el ex presidente Mauricio Macri y varios de sus ex funcionarios por contrabando agravado a Bolivia, debido al envío de “material represivo” durante el alzamiento de noviembre de 2019.
Se trata, por un lado, de la denuncia que realizó ayer el gobierno nacional a través de la ministra de Seguridad, el de Justicia y la titular de AFIP por los delitos de contrabando agravado, malversación de fondos y abuso de la autoridad, entre otros; la cual recayó en el juez penal Javier López Biscayart y cuyo fiscal será Claudio Navas Rial.
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Además, el ex camarista federal Eduado Freiler radicó otra denuncia por los mismos hechos, que amplió con la descripción del contexto de la situación, y en la que intervendrá el juez penal Rafael Caputo, quien se encuentra reemplazando al titular del juzgado Penal Nº 4, Alejandro Catania.
Los magistrados que recibieron ambas denuncias deberán decidir ahora si se unifican y, en tal caso, en qué juzgado: la primera denuncia por número de radicación es la presentada por Freiler en la cual el juez Caputo ya delegó la investigación también en el fiscal Navas Rial; mientras que en el otro expediente el magistrado López Biscayart le requirió a los funcionarios denunciantes que en el plazo de 72 acompañen la documentación citada.
De acuerdo a la denuncia gubernamental, la gestión de Macri habría incurrido en el delito de contrabando agravado “por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra”.
Para los denunciantes, el objetivo fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Añez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el Gobierno constitucional de Evo Morales”.
El delito de contrabando agravado que se le imputa a Macri y una decena de sus funcionarios, entre los que se encuentran la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex de Defensa Oscar Aguad y el ex canciller Jorge Faurie, tiene una pena de hasta 12 años de prisión.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández manifestó ayer que “está certificado por documentación argentina que del país salieron 70 mil balas de goma para Bolivia en un vuelo del 12 de noviembre”.
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