La Legislatura de Santa Fe atraviesa una semana clave para el futuro de la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. El oficialismo busca avanzar con un paquete de iniciativas que amplía herramientas para la prevención y la investigación del delito, aunque todavía existen diferencias políticas y cuestionamientos institucionales sobre el alcance de las nuevas facultades para las fuerzas de seguridad.
Los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se reunieron con diputados del interbloque Unidos para defender los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. El encuentro dejó en evidencia que, pese a la intención de avanzar con el tratamiento legislativo, persisten desacuerdos, especialmente entre radicales y socialistas.
Según informó El Litoral, el Gobierno ratificó su postura de sostener el texto original de la iniciativa denominada Herramientas para el Mejoramiento de la Seguridad Pública, mientras que distintos sectores del oficialismo trabajan en modificaciones de redacción para acercar posiciones y reunir los votos necesarios.
Qué cambia con la reforma de seguridad de Pullaro
El paquete legislativo propone modificaciones en distintas normas provinciales vinculadas con la actuación policial, la investigación penal, la ejecución de las penas, la inteligencia y el sistema de recompensas.
Uno de los puntos más controvertidos es la reforma del Código Procesal Penal, que contempla cambios en los procedimientos de allanamiento, las medidas restrictivas de la libertad y determinadas actuaciones durante las investigaciones judiciales.
También se impulsa un sistema provincial de intervención sobre los mercados ilegales de dispositivos tecnológicos, con el objetivo de combatir la comercialización de celulares robados y otros equipos sustraídos.
En ese marco, el control del número IMEI, el código que identifica a cada teléfono móvil, aparece como una de las herramientas que el oficialismo pretende fortalecer para detectar dispositivos denunciados como robados.
El debate pasa por establecer hasta dónde pueden llegar los controles policiales y qué límites deben fijarse para evitar posibles abusos o intromisiones en la privacidad de las personas.
Las garantías constitucionales, en el centro de la discusión
Las principales objeciones al proyecto se concentran en las facultades que podrían otorgarse a las fuerzas de seguridad y en los mecanismos de control judicial de sus actuaciones.
Entre los aspectos cuestionados figuran los allanamientos sin autorización judicial previa en determinadas circunstancias y los cambios en los procedimientos para recibir declaraciones durante una investigación penal.
Distintos sectores judiciales y legisladores opositores advirtieron que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con las garantías constitucionales y generar futuras impugnaciones judiciales.
En la Cámara baja, el diputado Carlos Del Frade expresó su rechazo al paquete y sostuvo que las modificaciones podrían implicar un retroceso en materia de derechos. Por su parte, la legisladora Lucila De Ponti cuestionó la constitucionalidad de algunos artículos y puso en duda que las nuevas herramientas permitan mejorar efectivamente la persecución del delito.
Desde el oficialismo, en cambio, defienden la necesidad de actualizar la legislación para agilizar los procedimientos y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales y los delitos cotidianos.
Diferencias dentro de Unidos y negociaciones contrarreloj
Aunque el oficialismo busca llevar los proyectos al recinto, las negociaciones internas todavía ocupan un lugar central.
Los sectores radicales impulsan alternativas de redacción para destrabar los puntos más discutidos, mientras que desde el socialismo existen reparos frente a la ampliación de las atribuciones policiales.
La discusión refleja el desafío político de Unidos para Cambiar Santa Fe: acompañar la política de seguridad del gobernador Pullaro sin dejar de lado las diferencias sobre los límites legales de la intervención estatal.
El Gobierno sostiene que las reformas son necesarias para consolidar su estrategia contra el delito. La oposición, en tanto, reclama mayores resguardos institucionales y cuestiona que la ampliación de facultades policiales sea presentada como una solución suficiente para los problemas de inseguridad.
Un debate que excede la cuestión policial
La discusión legislativa no se limita a las herramientas operativas de la Policía. También involucra el equilibrio entre la eficacia de las investigaciones penales, el control judicial y la protección de los derechos individuales.
El resultado de las negociaciones determinará si el oficialismo consigue aprobar las iniciativas en los términos propuestos por el Ejecutivo o si deberá incorporar modificaciones para alcanzar los consensos necesarios.
Así, la reforma de seguridad en Santa Fe se convirtió en una prueba política para la gestión de Pullaro y para la cohesión de su coalición legislativa, en un escenario atravesado por una pregunta central: cómo fortalecer la respuesta frente al delito sin comprometer las garantías que establece la Constitución.
Pullaro defendió la reforma de seguridad en Santa Fe
El gobernador Maximiliano Pullaro defendió el paquete de leyes de seguridad enviado a la Legislatura y afirmó que la provincia “necesita más herramientas para combatir el delito”. Durante un acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios, aseguró que enviará nuevas iniciativas y rechazó los cuestionamientos sobre una posible inconstitucionalidad. Además, destacó la reducción de homicidios que atribuyó a su gestión, aunque advirtió que las organizaciones criminales siguen activas.
El mandatario cuestionó a sectores de la abogacía penal que advierten sobre posibles irregularidades constitucionales y calificó como “garantismo bobo” las posturas que, a su entender, obstaculizan la aplicación de la ley. Sin embargo, afirmó que deben respetarse todas las garantías constitucionales. Sus declaraciones profundizan el debate en la Legislatura, donde las facultades policiales y los límites del poder estatal generan diferencias políticas y cuestionamientos jurídicos.
