El Secretario de Legal y Técnica Julio Conte Grand quedó en la mira después de los papelones que pasó esta semana la gobernadora María Eugenia Vidal con dos decretos por los que tuvo que dar marcha atrás. El de Conte Grand es un puesto clave dentro de la administración: se encarga del cuidado minucioso de la letra de la Ley y es, en rigor, el garante de la legalidad de las decisiones del Gobierno.
La marcha atrás con el decreto que imponía penas de prisión a periodistas que publicaran datos “reservados” de las Declaraciones Juradas de funcionarios fue un paso de comedia de alcance nacional, habida cuenta de que tuvo impericia por partida doble. Es que el decreto 647, firmado el 3 de junio y publicado esta semana en el Boletín Oficial es en sí mismo una “reparación” del 116/16, a raíz de observaciones de la Escribanía General de Gobierno. Mala tuya, Conte Grand.
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Pero no fue lo peor. A las pocas horas de conocido el contenido de la nueva medida estalló un escándalo de proporciones que, con buena cintura política, la Gobernadora enmendó aduciendo un “error de redacción”, atribuible, desde ya, a los ministros firmantes, pero, más aún, a quien debe velar por la legalidad de los actos de Gobierno, es decir, nuevamente, Conte Grand.
El otro error que debió enmendar María Eugenia Vidal esta semana también tiene que ver con un decreto y una omisión del Secretario de Legal y Técnica. Se trata de la derogación del decreto 511/16, que incluía dos artículos que, a juicio de los trabajadores portuarios, abrían la puerta a las privatizaciones. “Las Unidades Portuarias serán otorgadas en concesión al sector privado. A dichos fines el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología fijará las modalidades y procedimientos para su otorgamiento de conformidad a la normativa vigente en la materia y los respectivos planes reguladores”, reza el artículo 11 de la norma que, como el polémico 647, fue derogado.
Aquí el error puede salpicar al ministro de Producción, Jorge Elustondo, toda vez que la redacción de la norma es bastante clara. ¿Se trató, como en el 647, de un “error de redacción” tan grosero como para abrir las puertas a una privatización? ¿O se intentó encubrir con un error técnico una decisión política compleja?
De una u otra manera, la posición de Conte Grand queda sumamente debilitada desde lo político y desde la gestión. Si se adicionan datos contextuales, como la designación de Gustavo Ferrari en Justicia, un puesto que el ex Procurador porteño ambicionaba, se podría hablar lisa y llanamente de una crisis en esa área.
Pero hay más: La emergencia administrativa y el apuro de la gestión Vidal por hacer tienen su impacto en la Secretaría Legal y Técnica. Según pudo reconstruir INFOCIELO a partir de fuentes inobjetables, las decisiones que toman los ministros son registradas y firmadas sin tomar en cuenta la opinión de Conte Grand, con lo cual la secretaría perdió todo su rol de contralor y cuidado de la firma de Ministros y de la Propia Gobernadora. Este hecho explica en parte que los decretos sean recurridos judicialmente y repudiados por la opinión pública.
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