El conflicto entre los carpinchos y los habitantes de los barrios privados llegó a la Legislatura. El senador Carlos Kikuchi (Unión y Libertad) presentó un proyecto de ley que busca establecer reglas para la convivencia entre los desarrollos inmobiliarios y la fauna silvestre nativa, con especial atención a las urbanizaciones construidas sobre humedales y corredores biológicos.
La iniciativa se encuentra en estudio en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El texto cobró relevancia en medio de la polémica por el caso de Nordelta, donde un vecino fue filmado mientras disparaba contra carpinchos en el jardín de su vivienda.
El episodio ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, dentro del complejo ubicado en Tigre, y las imágenes se difundieron públicamente a comienzos de octubre. La denuncia derivó en un allanamiento y en una investigación judicial por presunto maltrato animal. El caso volvió a exponer las tensiones entre quienes reclaman medidas para reducir la presencia de los animales y quienes advierten sobre el impacto de las urbanizaciones en su hábitat.
OBRAS OBLIGATORIAS PARA LOS NUEVOS BARRIOS
El proyecto plantea que las nuevas urbanizaciones cerradas comprendidas en la ley deban incorporar infraestructura específica para proteger a la fauna. Entre las exigencias figuran corredores biológicos con flora nativa, pasos subterráneos o aéreos para animales y reductores físicos de velocidad en las calles internas que atraviesen zonas de circulación silvestre.
Estas obras serían un requisito excluyente para obtener la Declaración de Impacto Ambiental. De esta manera, los desarrolladores deberían contemplar las medidas de mitigación desde la planificación de los emprendimientos, en lugar de abordar los conflictos una vez que los barrios están habitados.
CONTROL POBLACIONAL Y TRASLADOS EXCEPCIONALES
Para las urbanizaciones existentes, en cambio, la propuesta crea un régimen de adecuación voluntaria. Los consorcios podrán presentar planes de manejo integral que incluyan cerramientos no lesivos, modificaciones en las calles internas, pasos de fauna y programas de control reproductivo.
El texto habilita la esterilización y otros procedimientos de control poblacional, con intervención de veterinarios matriculados y supervisión de especialistas en biología. A la vez, prohíbe los métodos letales, la caza y las relocalizaciones masivas que pongan en riesgo la supervivencia de la especie.
La captura y el traslado de ejemplares individuales quedarían reservados para situaciones excepcionales, ante riesgos comprobables para las personas, problemas sanitarios o peligros para los propios animales. La autorización dependerá de la autoridad provincial competente.
QUIÉN PAGA LAS OBRAS Y QUÉ BENEFICIOS CONTEMPLA
Otro de los ejes de la iniciativa es el financiamiento. Los costos de infraestructura, mantenimiento y manejo de la fauna quedarían a cargo de las empresas desarrolladoras o de los consorcios de propietarios, sin erogaciones provinciales para esas obras en predios privados.
Como incentivo para los barrios ya construidos, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a establecer bonificaciones de hasta el 15% en el Impuesto Inmobiliario para los lotes que certifiquen las obras y los planes exigidos. También invita a los municipios a implementar beneficios similares sobre tasas locales.
La iniciativa busca intervenir sobre un conflicto que combina seguridad, daños materiales y conservación ambiental. Su tratamiento legislativo deberá definir el alcance de los mecanismos propuestos, especialmente el carácter voluntario de la adecuación de los barrios existentes y los criterios para autorizar eventuales traslados de animales.
