La pelea entre los taxistas y las aplicaciones de transporte en La Plata agregó este lunes un nuevo episodio político. Cuatro entidades vinculadas al sector de taxi presentaron un escrito ante el Concejo Deliberante para reclamar que el concejal Juan Pablo Allan sea apartado de la Comisión de Transporte y que su par Nicolás Morzone sea declarado persona no grata. Los motivos son distintos, pero confluyen en un conflicto que ya desbordó las calles y llegó de lleno al recinto legislativo.
El documento, fechado el 19 de octubre y dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, lleva las firmas de representantes de la Unión de Propietarios de Autos Taxis, el Sindicato Calle 43, el Centro de Ayuda al Taxista y Afines y la Asociación Civil Taxistas 7 y 51.
El planteo más delicado apunta contra Allan, concejal de La Libertad Avanza, por su reciente infracción a la Ley de Alcohol Cero al volante. Los taxistas sostienen que alguien que transgredió las normas de tránsito no puede continuar legislando sobre esa misma materia.
«No puede legislar en dicha Comisión alguien que trasgrede las Leyes de Tránsito», argumentaron las entidades en el escrito, en el que solicitan su desafectación inmediata de la Comisión de Transporte.
Allan, entre la alcoholemia y el debate por Uber
El reclamo tiene como telón de fondo el episodio ocurrido en Pinamar, donde Allan dio positivo en un control de alcoholemia. La Justicia administrativa de infracciones de tránsito de Dolores lo sancionó con una multa de casi un millón de pesos y una inhabilitación para conducir durante 90 días, hasta el 25 de diciembre inclusive.
El test arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. Aunque se trata de un registro bajo en términos cuantitativos, la normativa bonaerense establece tolerancia cero para quienes conducen vehículos.
La situación adquiere otra dimensión porque Allan participa activamente de la discusión sobre el futuro del transporte de pasajeros en La Plata. El concejal viene defendiendo la necesidad de regularizar aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify, una posición que lo enfrenta con los sectores tradicionales del taxi, que reclaman controles y condiciones de competencia equivalentes.
Para las entidades firmantes, el episodio de tránsito constituye un argumento suficiente para pedir que deje de intervenir en la comisión que tiene competencia sobre esa problemática.
Morzone, en la mira por su respaldo a las aplicaciones
El segundo destinatario del escrito es Nicolás Morzone, concejal del PRO, a quien los taxistas solicitan declarar “persona no grata” por sus declaraciones públicas en defensa de las plataformas digitales.
Según sostienen, el edil manifestó reiteradamente su apoyo a aplicaciones que, desde su perspectiva, carecen de regulación municipal. En el documento cuestionan su «imparcialidad manifiesta» y consideran que su postura merece «todo nuestro repudio».
Los representantes del sector también lo acusan de promover «en forma irresponsable el uso de aplicaciones no habilitadas» y de fomentar, con esa posición, la precarización laboral y la competencia desleal.
La presentación refleja el rechazo de las entidades a que un concejal que defiende la regularización de las aplicaciones continúe impulsando esa discusión desde el ámbito legislativo.
Una disputa que no encuentra salida
El documento aparece en medio de una escalada que tuvo protestas de taxistas, operativos municipales, secuestros de vehículos y fuertes cruces entre representantes de los distintos sectores.
A fines de septiembre, una movilización de taxistas derivó en el compromiso municipal de intensificar los controles contra los autos que trabajan mediante aplicaciones. La discusión también llegó al Concejo, donde la oposición reclamó avanzar con una regulación que permita ordenar la actividad.
Mientras los taxistas denuncian una competencia desigual frente a conductores que no afrontan las mismas exigencias de habilitación, seguros y controles, los defensores de las plataformas sostienen que la demanda de los usuarios ya consolidó una modalidad de transporte que necesita reglas claras.
Ahora, las entidades tradicionales trasladaron esa disputa a un nuevo terreno: ya no reclaman solamente operativos contra Uber, DiDi y Cabify, sino también consecuencias políticas para los concejales que consideran responsables de defenderlas.
La presentación no implica que Allan vaya a ser apartado de la comisión ni que Morzone sea declarado persona no grata. Para que esos pedidos tengan efectos institucionales deberá haber una decisión del cuerpo legislativo. Pero el mensaje del sector es explícito: en plena pelea por el futuro del transporte platense, los taxistas también quieren discutir quiénes están en condiciones de legislar sobre sus reglas.
