“Ya lo dije públicamente y lo sostengo con profunda convicción: portación libre para mujeres víctimas de violencia. En lugar de escuchar feministas hablando de cursos de la ley Micaela, aprende a tirar y compráte una Glock 42”. Con esa frase, publicada en sus redes sociales, la senadora bonaerense por la tercera sección electoral de La Libertad Avanza, María Florencia Arietto, instaló nuevamente una de sus propuestas más polémicas en medio de la conmoción por el crimen de la adolescente cordobesa Agostina Vega.
La declaración generó repercusiones inmediatas, por el tono elegido, y también porque llegó cuando el país todavía intenta procesar los detalles de un caso que demostró fallas judiciales, políticas y estatales en cadena. La respuesta de Arietto apuntó a una salida individual: que las mujeres se armen para defenderse por sus propios medios.
La frase es, en sí misma, un manifiesto de época. Un Estado que no puede evitar que agresores con antecedentes recuperen la libertad, que no logra proteger a las víctimas y que llega tarde frente a la violencia de género a la cual minimiza, termina trasladando la responsabilidad de la seguridad a quienes deberían ser protegidas.
El caso que volvió a encender la discusión
El 23 de mayo, Agostina Vega, de 14 años, ingresó a la casa de Claudio Barrelier en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Su cuerpo fue hallado días después en un descampado. La autopsia preliminar confirmó que la menor fue víctima de abuso sexual y murió asfixiada, en un hecho que conmocionó a la provincia.
La investigación reveló además antecedentes inquietantes. En 2025, Barrelier había sido imputado por retener contra su voluntad, atar de pies y manos y amenazar con un arma a una expareja. Sin embargo, recuperó la libertad tras apenas 20 días detenido. Posteriormente fue recomendado para trabajar en la Municipalidad de Córdoba y obtuvo un empleo en la administración local.
El caso puso otra vez sobre la mesa una pregunta incómoda y a la que parece no haber respuesta en Argentina: cómo un hombre con semejantes antecedentes logró recuperar la libertad y continuar desarrollando una vida normal hasta quedar nuevamente acusado de un crimen aberrante.
Una propuesta recurrente y una trayectoria cambiante
La iniciativa planteada por Arietto no es nueva. Ya en 2023 había defendido el entrenamiento en tiro y la libre portación para mujeres víctimas de violencia de género bajo el argumento de que el Estado no estaba cumpliendo adecuadamente su función de protección.
Lo que sí cambió varias veces a lo largo de los años fue su ubicación política. Su recorrido incluyó etapas cercanas al kirchnerismo, una participación como panelista en el programa oficialista 6,7,8, pasos por espacios vinculados al massismo, el bullrichismo y el larretismo, hasta desembocar finalmente en La Libertad Avanza. Incluso fue electa senadora provincial por Juntos por el Cambio antes de incorporarse meses después al espacio libertario.
Mientras tanto, las cifras continúan mostrando la dimensión del problema. Entre enero y abril de 2026, quince de las ochenta mujeres asesinadas en Argentina habían realizado denuncias previas. Desde 2015 se registran miles de víctimas de violencia de género en el país.
En ese contexto, la discusión abierta por Arietto tras el asesinato de Agostina Vega excede la compra de una pistola. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: qué ocurre cuando las instituciones fallan antes de que el crimen suceda.
