La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a marcar distancia con el gobierno de Javier Milei y reaccionó con dureza a una investigación periodística publicada por Clarín sobre presuntas irregularidades en compras millonarias de aviones realizadas por la Fuerza Aérea Argentina.
“Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”, escribió Villarruel en sus redes sociales al compartir la investigación.
La publicación de la vicepresidenta no pasó desapercibida dentro del oficialismo porque apunta directamente contra altos mandos militares y deja entrever cuestionamientos hacia la gestión nacional en materia de Defensa. No es la primera vez que Villarruel toma distancia del Ejecutivo, pero en esta oportunidad habló abiertamente de posibles responsabilidades políticas y sugirió que en otro contexto “renunciaban todos los implicados”.
La denuncia: compras direccionadas y aviones con sobreprecio
La investigación periodística de Federico Teijeiro revela una serie de supuestas irregularidades en la compra de aeronaves por parte de la Fuerza Aérea Argentina, particularmente un avión Embraer ERJ-140LR adquirido en 2025 por más de 4 millones de dólares.
Según la denuncia, la licitación habría sido diseñada para favorecer a la empresa Regional One Inc. mediante requisitos técnicos extremadamente específicos que dejaban afuera a otros competidores. De hecho, una circular aclaratoria emitida durante el proceso limitó los modelos aceptados a solo tres variantes de aeronaves Embraer.
Además, el informe sostiene que el avión comprado presentaba problemas mecánicos y de mantenimiento detectados durante una inspección técnica realizada en Estados Unidos. Entre otras observaciones, se encontraron signos de corrosión, posibles pérdidas de combustible, desgaste excesivo en la cabina y faltantes de equipamiento esencial.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el presunto sobreprecio. Clarín asegura que una aeronave prácticamente idéntica fue cotizada meses después por la misma empresa en unos 2,3 millones de dólares, mientras que la Fuerza Aérea pagó más de 4 millones por una unidad en peores condiciones.
Las sospechas sobre la licitación
La investigación también pone la lupa sobre la velocidad del procedimiento administrativo y la intervención de distintos funcionarios militares. Según el artículo, la compra avanzó en tiempo récord y con un presupuesto ubicado apenas por debajo de los 4 millones de dólares, límite que evitaba la necesidad de pedir autorizaciones superiores al Ministerio de Defensa.
También se cuestiona que la licitación haya tenido apenas dos semanas de plazo para la presentación de ofertas, algo que empresas del sector consideraron inusual para una operación internacional de esa magnitud.
Otro dato llamativo es que el avión adquirido ya estaba pintado con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de que la compra fuera adjudicada formalmente, algo que alimentó sospechas sobre una selección previa del proveedor.
