El sector del transporte para personas con discapacidad quedó atrapado en un desfasaje que ya no pueden disimular. Mientras los costos de operación se dispararon por encima del 300%, el Estado, a partir del ajuste impuesto sobre el área de la mano de Javier Milei, solo reconoció aumentos en torno al 100%.
Y en ese margen que no cierra —ni sobre el papel ni en la calle— los prestadores quedaron al borde del colapso. Por eso, hoy la mayor expectativa está puesta en un expediente judicial: el amparo que la Justicia de Campana aceptó esta semana y que podría reactivar la Ley de Emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno nacional.
Juan Pérez Brancato, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad y secretario de Fatradis, contó en LA CIELO que varias organizaciones lograron que el juzgado los sume formalmente al reclamo para que se derogue la resolución que dejó sin efecto la ley. La apuesta es clara: si el juez falla a favor, la norma se aplicaría en su totalidad y obligaría al Estado a recomponer aranceles muy por encima de los incrementos actuales.
El contraste es fuerte. “Nos dieron un aumento escalonado del 29 al 35%, según la prestación, pero para volver siquiera a la situación de diciembre de 2023 el aumento debería ser superior al 70%”, explicó. Ese diciembre tampoco fue un paraíso: el sector ya venía golpeado, pero al menos podía funcionar. Con el cuadro actual, no.
En la práctica, los transportistas sostienen el servicio con decisiones que nadie quiere tomar: bajar calidad, reducir días de traslado y endeudarse para mantener las unidades en la calle. Los números hablan solos. En 2023, el kilómetro estaba a 270 pesos y el litro de combustible a 320. Hoy, con todo lo que subió arriba del 300%, el arancel actualizado durante esta gestión no llega ni a cubrir la mitad de ese salto.
La definición judicial podría llegar en los próximos días. Si el Estado acata, la ley vuelve a regir; si no, la pelea seguirá en el Juzgado Federal de San Martín. La esperanza del sector está ahí, no en un cambio de política pública, sino en una sentencia que ordene lo que la administración nacional decidió congelar. Porque para los transportistas, la discusión ya no es ideológica: es matemática. Y esa cuenta, tal como está, no les da por ningún lado.
