A pesar de la derrota sufrida en las elecciones bonaerenses el último domingo, donde perdió por 14 puntos en el distrito más poblado del país y con mayor cantidad de universidades, el Gobierno de Javier Milei ratificó su rumbo en materia educativa. Ayer, formalizó, a través del Decreto 647/2025, el veto total a la Ley Nº 27.795, que establecía un esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La decisión implica un nuevo frente de conflicto con las casas de estudio, los gremios del sector y la oposición parlamentaria. El proyecto había sido sancionado en el Congreso el pasado 21 de agosto con 158 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, cifra que representó una amplia mayoría, pero que no alcanzó los dos tercios necesarios para blindar la norma frente a un eventual veto presidencial. Ahora, la oposición deberá reunir esa mayoría especial si quiere insistir con la ley en una sesión prevista para el próximo miércoles.
El costo fiscal en debate
La norma vetada había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre, en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El texto contemplaba la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación. También ordenaba convocar a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer los salarios docentes y no docentes, además de ampliar el sistema de becas.
Desde la Casa Rosada justificaron el rechazo en que la iniciativa no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, ya que habilita gastos no previstos en el presupuesto sin identificar con claridad las fuentes de financiamiento. Según el Gobierno, las partidas señaladas como respaldo resultan “genéricas” y no garantizan disponibilidad real de recursos. Además, calcularon que el costo fiscal superaría un billón de pesos en 2025, lo que, de aplicarse, pondría “en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica”.
El oficialismo advierte que este gasto “sin respaldo real” solo podría financiarse mediante emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y, en consecuencia, “perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables”. El presidente Milei ya había aplicado la misma herramienta el año pasado, cuando vetó otra norma destinada a incrementar los fondos para las universidades y logró sostener su decisión con el respaldo de un tercio de la Cámara baja, apoyado por algunos gobernadores y sectores de la UCR que mantienen alianza con el oficialismo.
Mientras tanto, la oposición define su estrategia. Este jueves está prevista una reunión entre los secretarios parlamentarios de los principales bloques para acordar los pasos a seguir. En la agenda no solo figura el eventual rechazo al veto universitario, sino también los vetos aún pendientes a la declaración de emergencia en pediatría, a la moratoria previsional y a la emergencia por Bahía Blanca. La respuesta del sector no se hará esperar: rectores, docentes y estudiantes preparan una movilización en repudio al veto presidencial.
