La reciente amenaza del Gobierno de recusar al juez federal Ernesto Kreplak, que interviene en la causa del fentanilo contaminado, generó un fuerte rechazo entre expertos en derecho, quienes califican la medida como inconstitucional.
En un comunicado oficial, la vocería presidencial indicó que se buscará apartar a Kreplak si no avanza “en los próximos días” con la detención de Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB, señalado como responsable de distribuir las partidas contaminadas. Según el Ejecutivo, el ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak, hermano del magistrado, es el “principal cliente” del laboratorio.
Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, remarcó que cualquier descontento con decisiones judiciales debe canalizarse “a través de los mecanismos establecidos en la normativa procesal y por las partes legitimadas en el expediente. Esa, y no otra, es la forma prevista en el sistema republicano de división de poderes que nos rige y que garantiza el respeto de la independencia judicial”.
Constitucionalistas consultados por el medio La Nación coincidieron en que el comunicado del Ejecutivo tensiona directamente con el artículo 109 de la Constitución, que prohíbe al Presidente “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Andrés Gil Domínguez sostuvo que “es claramente inconstitucional” y añadió: “La Constitución argentina es muy clara en torno a la división de poderes; el pedido del Gobierno viola esa división al pedirle a un juez que realice una actividad que responde a la lógica interna del proceso penal”.
Osvaldo Pérez Sammartino, profesor en la Udesa, calificó como “absurdo” intentar recusar a un juez por discrepar con una resolución. “El Gobierno no puede imponerle a ningún juez un determinado resultado. Es una presión incompatible con lo que establece la Constitución”, afirmó. Por su parte, Pablo Manili respaldó la actuación de Kreplak y señaló que el Ejecutivo “no debería siquiera opinar públicamente sobre la causa; su rol debe limitarse a denunciar, si cree que hubo delito”.
Sebastián Guidi agregó que garantizar la imparcialidad de la investigación es tan importante como evitar recusaciones “insustanciales”. “Extender la recusación a un familiar de un funcionario lateralmente vinculado fomentaría la recusación irresponsable. Lo que definitivamente no procede es recusar a un juez por una decisión que toma o no toma”, explicó.
El propio juez Kreplak fijó su posición ante la controversia: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”.
