A menos de un mes del inicio del debate oral y público que la enfrentará a una posible pena de hasta 25 años de prisión, Felicitas Alvite, conocida públicamente como “La Toretto de La Plata”, volvió a recibir una negativa judicial. La joven, imputada por el choque fatal en el que perdió la vida el motociclista Walter Armand en abril de 2024, solicitó un permiso para salir de su prisión domiciliaria con el objetivo de trabajar en un estudio jurídico y así financiar su carrera de abogacía en una universidad privada.
La petición formal fue elevada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata por su equipo de defensores particulares, integrado por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. En la presentación, la defensa solicitó una autorización para que la imputada pudiera ausentarse de su domicilio dos veces por semana, los días miércoles y viernes en la franja horaria de 8:30 a 16:30, para prestar servicios administrativos y de asistencia en el bufete de la abogada Micaela Vivas.
Sin embargo, los magistrados a cargo del tribunal denegaron la solicitud de manera contundente. Entre los fundamentos principales para sostener el rechazo, el cuerpo judicial argumentó que la inminencia del juicio oral acrecienta el riesgo procesal de fuga. Asimismo, recalcaron la vulnerabilidad del esquema de control actual, considerando que la joven cumple el arresto domiciliario sin un dispositivo de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), lo que deja la custodia exclusivamente en manos de particulares.
La apelación de la defensa y la conducta de la imputada
Ante la decisión de primera instancia, la representación legal de Alvite no tardó en acudir a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal mediante un escrito con duras críticas hacia la resolución. Los letrados sostuvieron que deducir un peligro de fuga a partir de la cercanía del debate oral incurre en un vicio de fundamentación lógica y normativa, vulnerando de forma directa el principio constitucional de presunción de inocencia que ampara a su asistida mientras no exista una sentencia firme en su contra.
En el recurso presentado, la defensa fundamentó la urgencia del empleo en la necesidad económica de la joven de afrontar las cuotas de la Universidad del Este, cuyo costo para la modalidad virtual asciende a los $300.000 mensuales. De acuerdo con el escrito, el objetivo de Alvite es devolver el dinero que sus familiares le han prestado durante este tiempo, alivianar la carga financiera de su entorno y continuar avanzando en la carrera de Derecho para formarse profesionalmente mientras cumple con las medidas cautelares impuestas.
Para reforzar la solicitud, los abogados enfatizaron la conducta que la imputada ha mantenido desde el inicio del proceso penal. Recordaron que el día del hecho Alvite permaneció en el lugar del siniestro, solicitó asistencia médica y se presentó en la comisaría. Del mismo modo, remarcaron que al momento de dictarse su detención formal se entregó voluntariamente en la DDI de La Plata, habiendo demostrado un comportamiento de absoluto respeto hacia las autoridades judiciales durante el arresto domiciliario que cumple desde mayo de 2025.
El rechazo categórico de la familia de la víctima
La postura de la defensa contrasta drásticamente con la reacción de los allegados al motociclista fallecido. Representados por el estudio jurídico de Fernando Burlando, los familiares de Walter Armand expresaron un firme repudio a cualquier tipo de flexibilización en el régimen de detención de la joven. Milton Armand, hermano de la víctima, manifestó su profundo malestar ante la solicitud formulada por la imputada y la calificó de manera tajante como una falta de respeto hacia la memoria de su hermano.
En declaraciones periodísticas, la familia consideró que la petición representa una provocación y una muestra de liviandad frente a la gravedad del hecho investigado. Al mismo tiempo, reiteraron sus críticas respecto al beneficio de la prisión domiciliaria de la que goza Alvite, expresando su expectativa de que el tribunal mantenga la firmeza en sus decisiones de cara al inicio del juicio oral para garantizar que se aplique una sanción ejemplar.
El fuero penal ya fijó el cronograma para el desarrollo del debate oral y público, programado para disputarse a principios de noviembre. Durante las jornadas judiciales se analizarán las pruebas periciales, testimonios e informes técnicos para determinar la responsabilidad penal de la conductora bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual, una figura legal que contempla penas de prisión de cumplimiento efectivo.
El caso que conmocionó a la capital bonaerense
El trágico episodio ocurrió durante las primeras horas de la madrugada del 12 de abril de 2024 en la ciudad de La Plata. Walter Armand, un músico y percusionista de 35 años domiciliado en Quilmes, circulaba a bordo de su motocicleta Bajaj Boxer tras haber viajado a la capital provincial para visitar a su hija y compartir un ensayo con amigos. A las 2:00 AM, en el cruce de avenidas del casco urbano, fue embestido violentamente por un Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite.
Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido del rodado y sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte minutos después de ingresar al centro médico asistencial. La investigación posterior, encabezada por la fiscalía interviniente, determinó que la joven transitaba a una velocidad promedio de 83 km/h y que habría atravesado al menos seis semáforos con luz roja antes de colisionar con la víctima.
El hecho cobró rápida repercusión pública debido a las publicaciones que la propia imputada realizaba en sus redes sociales, donde contaba con decenas de miles de seguidores. Poco tiempo antes del siniestro, Alvite había compartido mensajes en los que ironizaba sobre su forma de manejar, autodenominándose “La Toretto” en referencia al personaje cinematográfico de carreras callejeras. A pesar de que las cuentas fueron eliminadas tras la tragedia, los registros digitales fueron incorporados a la causa penal como elementos de prueba sobre su conducta al volante.
Rumbo al debate oral y público
Actualmente, la acusada aguarda el desarrollo del proceso judicial bajo el régimen de prisión domiciliaria, medida que le fue concedida tras permanecer alojada en distintas dependencias policiales y en la alcaidía de Melchor Romero. La fiscalía sostiene que la imputada actuó con plena conciencia del peligro que generaba su accionar, asumiendo el riesgo y mostrando indiferencia hacia la vida de terceros al circular a alta velocidad por la zona urbana.
Por su parte, la estrategia defensista intentará demostrar durante las audiencias del juicio que la joven no corría una competencia ilegal y que el cruce de los semáforos en rojo se debió a un estado de desorientación y temor ante posibles hechos de inseguridad nocturna. Con las apelaciones pendientes de resolución en las instancias superiores, el fuero penal platense se prepara para dar inicio a un juzgamiento de alto impacto mediático e institucional.
