La histórica planta de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, vuelve a estar envuelta en una grave denuncia ambiental. Esta vez, se detectó un vertido clandestino de residuos industriales directamente sobre el terreno natural, en una zona muy próxima a la barranca del río Paraná.
El operativo se llevó a cabo el pasado 9 de junio, cuando inspectores de la Autoridad del Agua (ADA) —organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura bonaerense— constataron que una bomba instalada dentro del predio arrojaba efluentes líquidos sin tratar, en abierta violación de la normativa ambiental.
El informe oficial fue presentado el 13 de junio en una audiencia ante la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien decidió girar la denuncia a la Fiscalía General y a la Fiscalía Federal para investigar posibles delitos penales. Además, ordenó un nuevo peritaje técnico para determinar el alcance del daño ambiental.
Desde Greenpeace advirtieron sobre la gravedad de la situación. “La empresa persiste en sus prácticas ilegales, ignora los fallos judiciales y pone en riesgo tanto al ambiente como a la salud pública”, denunció la especialista Agostina Rossi Serra.
Por su parte, el abogado del Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, calificó el hecho como “criminal” y solicitó mediante una medida cautelar la suspensión inmediata de la producción de efluentes líquidos y la prohibición de uso de fuentes de agua, tanto subterráneas como del propio río.
Los antecedentes de ATANOR
No es la primera vez que Atanor queda en el centro de una polémica ambiental. En 2023 fue condenada por contaminación, tras comprobarse el vertido de sustancias tóxicas sin tratar al cauce del Paraná. Y en marzo de 2024, la planta sufrió una explosión en uno de sus reactores, que obligó a evacuar viviendas cercanas y derivó en la clausura temporaria del predio.
La producción recién se reanudó en noviembre bajo condiciones estrictas impuestas por un plan de gestión ambiental aprobado por la provincia. Sin embargo, esta nueva infracción vuelve a poner en jaque la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento del acuerdo judicial que permitió su reapertura.
La investigación sigue en curso y se esperan definiciones judiciales en los próximos días, en medio de una fuerte presión de organizaciones ambientales y vecinos de San Nicolás que reclaman el cierre definitivo de la planta.
