El 20 de marzo de este año explotó una fábrica de agroquímicos de San Nicolás desatando un incendio que culminó con una “nube tóxica” en barrios aledaños. Rápidamente, actuó la Justicia frenando la planta de Atanor y pidiendo un plan de gestión ambiental. La compañía respondió con suspensiones, despidos y dilaciones. El conflicto salpica al clan Passaglia.
Con la platan cerrada por una medida cautelar, Atanor suspendió a parte de su personal en mayo. Ahora, según informó el Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas, llegaron telegramas de despido a 15 operarios. Tanto el gremio como la empresa y hasta el gobierno municipal responsabilizan al Poder Judicial de la crisis.
La jueza que interviene en la causa es Luciana Díaz Bancalari, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N°1 del departamento judicial nicoleño. Mientras la intentan poner en el ojo de la tormenta, la magistrada, quien está “angustiada por la opereta” según pudo saber INFOCIELO, emitió un comunicado dando cuenta de su accionar.
Esta compleja trama comenzó el 20 de marzo con la explosión de la planta de atrazina, uno de los agroquímicos que fábrica Atanor en San Nicolás. El incidente generó una presentación judicial de parte de grupos ambientalistas y una medida cautelar de la jueza Díaz Bancalari. En concreto, dispuso el cierre de esa parte de la planta para resguardar el medio ambiente y la población vecina.
Cronología de una dilación
Ya ahí empezaron los comportamientos extraños de la empresa: nunca pidió al Juzgado que le permita reabrir la fábrica ni recurrió a un tribunal de alzada. Recién tres meses después de la explosión, a fines de junio, presentó una solicitud.
Esa dilación demoró los siguientes pasos porque el Juzgado no podía levantar la cautelar sin corroborar que se habían adecuado las instalaciones. Antenta a este proceso, Díaz Bancalari ordenó audiencias, citó a expertos y convocó a autoridades municipales y provinciales incluso antes del pedido de Atanor. Su idea era “agilizar el proceso”.
Finalmente, la compañía apareció el 26 de junio pidiendo que le habiliten la planta de atrazina. 48 horas después el Juzgado convocó a una audiencia para analizar la situación junto con el Ministerio de Ambiente bonaerense y la Autoridad del Agua (ADA). Ambos organismos de control debían presentar informes para que Díaz Bancalari pudiera tomar una decisión.
En ese interín llegó la feria judicial, pero la jueza decidió retomar sus tareas el 23 de julio para continuar el trámite “dándole así mayor celeridad”. Ahí empezó un nuevo proceso dilatorio por parte de la empresa: un perito de expertos pidió hacer una inspección en la planta el 29 de julio, pero no la pudieron hacer hasta el 9 de agosto. También pidió “documentación faltante” que Atanor demoró dos semanas en enviar.
La trama oculta
Así se llegó al 20 de agosto. La planta sigue paralizada y la compañía tomó a decisión de despedir a 15 empleados argumentando que la Justicia y las agrupaciones ambientalistas no les permiten operar. Fuentes reservadas le indicaron a INFOCIELO que “hay otras intenciones” detrás de este conflicto que mantiene a San Nicolás en vilo.
Una de ellas es, simplemente, la posibilidad de cesantear trabajadores sin responsabilizar a la crisis económica actual. La otra tiene que ver con una operación inmobiliaria que implicaría trasladar la planta de atrazina a un predio que pertenece a la familia del intendente local, Santiago Passaglia.
En esta trama, el punto de contacto entre las partes sería Juan Carlos Marchetti, el abogado de la empresa Atanor que también presta servicios en la Municipalidad comandada por los Passaglia.
