En un nuevo revés judicial para el kirchnerismo, la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini anuló la intervención del Partido Justicialista del distrito Salta, dispuesta por el Consejo Nacional del PJ en febrero de este año. La medida, promovida por la conducción nacional que encabeza Cristina Kirchner, había desplazado a las autoridades partidarias encabezadas por Esteban Amat Lacroix, electo para el período 2023-2027.
El fallo calificó la intervención como “arbitraria”, “sin causa justa” y “sin competencia legal”, y consideró que no existían anormalidades institucionales ni conflictos internos que justificaran semejante decisión. “Resulta evidente que no se advierten conflictos o anormalidades institucionales en el distrito Salta que justifiquen una intervención”, sostuvo Servini en su resolución. Además, dejó en claro que la única instancia habilitada para tomar una medida de esa magnitud es el Congreso Nacional del partido, y no el Consejo.
Uno de los principales argumentos del PJ nacional para intervenir el distrito fue el apoyo de diputados salteños a iniciativas legislativas del gobierno de Javier Milei, como la Ley Bases y el RIGI. Sin embargo, la jueza advirtió que esas diferencias políticas no constituyen fundamento suficiente para remover autoridades partidarias: “La sola invocación de dicha causal, sumada a la inexistencia de elementos o situaciones concretas que justifiquen la intervención, tornan arbitraria dicha medida, y obligan a declarar su invalidez”.
La estructura del PJ salteño había sido intervenida por figuras cercanas a Cristina Kirchner: el exsecretario de Seguridad Sergio Berni y la exsecretaria administrativa del Senado María Luz Alonso. Pero Servini descartó que el accionar de los legisladores Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega (miembros del bloque Innovación Federal que votaron a favor del oficialismo) fuera motivo suficiente para desatar una intervención. Según explicó, ese tipo de diferencias puede darse en cualquier partido sin que implique una situación de desgobierno o acefalía.
Autonomía provincial y fracturas internas
La intervención provocó una ruptura entre el PJ local y el oficialismo salteño que lidera el gobernador Gustavo Sáenz. Debido al conflicto, el justicialismo se presentó por fuera del frente oficialista en las elecciones del 11 de mayo y no logró obtener representación legislativa.
Desde Salta, la conducción desplazada denunció desde el inicio que la medida respondía a motivaciones políticas. “Caprichosas y arbitrarias”, fue como las describió Antonio Hucena, secretario general del partido. El propio Amat Lacroix había señalado que se trataba de una maniobra para disciplinar a las provincias que no respondían a la conducción nacional.
En paralelo, la Justicia también tramita un expediente similar presentado por el PJ de Misiones, otro de los distritos intervenidos por decisión del mismo Consejo. En ese caso, los interventores designados fueron el exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, y el concejal de Tres de Febrero, Máximo Rodríguez.
Con este fallo, las autoridades salteñas elegidas en 2023 recuperan formalmente la conducción partidaria. La resolución ya fue notificada al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta, y resta saber si el PJ nacional apelará o buscará recomponer el vínculo con la dirigencia provincial.
