Ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia por el COVID-19 y al considerar el preocupante nivel de hacinamiento en las cárceles bonaerenses, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia dispuso el 9 de abril pasado ordenar el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus”, en respuesta a un habeas corpus presentado por los 19 defensores generales bonaerenses.
Esa resolución diferenció en los artículos 4 y 5 la recomendación para los jueces naturales en los casos de las personas detenidas por delitos leves y por graves, y ahora, se debate en casi todos los rincones de la sociedad ante el temor que los vándalos provoquen una ola de inseguridad, además de afectarse el servicio de justicia.
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¿Qué dice la acordada de alzada, firmada por el juez Víctor Violini, y el apoyo del resto de los integrantes de ese Tribunal, sobre los delincuentes que cometieron hechos de alto impacto y que son considerados de riesgo desde la perspectiva de la salud?
Textual del artículo 5 del fallo: “DISPONER que respecto de las personas que se encuentren en situación de riesgo, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, siempre conforme los listados aportados y las actualizaciones que vayan proporcionándose y que se acompañan cada situación sea analizada por parte del Juzgado o Tribunal que tiene a su cargo a cada prevenido, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario (en cuyo caso, y cuando corresponda, deberá resguardarse la integridad psicofísica de la víctima), o bien, asegurando el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado”.
En tanto, en el artículo anterior, para los condenados por delitos leves el fallo sostiene: “HACER LUGAR, durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, al ARRESTO DOMICILIARIO de las personas detenidas por la comisión de delitos LEVES y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias, identificadas en los listados aportados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, ambos de la Provincia de Buenos Aires que se acompañan, y las actualizaciones que se vayan agregando, arrestos que deberán implementarse desde el Juzgado o Tribunal que tiene a su cargo a cada prevenido”.
Además, se encomienda a los Jueces de Garantías, Jueces Correccionales y Tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género, en todos aquellos procesos donde se encuentren cumplidos los plazos previstos en el artículo 141 del Código Procesal Penal.
Y se dispuso que los Jueces de Ejecución que tengan a disposición condenados sin sentencia firme, en los casos en que los procesados y condenados se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional, y que a su vez cumplan las demás exigencias impuestas, evalúen la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos.
El fallo también ordenó la prohibición de mantener alojadas en comisarías a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad, y dispuso que a partir de esta resolución y en lo sucesivo, todas las acciones de habeas corpus pendientes o a iniciarse deberán ser resueltas conforme los lineamientos sentados en la presente.
Al momento de la firma de esta resolución, la medida beneficiaría a unos 500 internos procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres que viven tras las rejas con hijos menores.
Y el fallo fue una respuesta a un hábeas corpus colectivo presentado por los defensores generales de todos los distritos de la Provincia, como una manera extraordinaria de hacer frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria que se vive en los penales bonaerenses, donde conviven 50 mil internos.
Cabe destacar que la resolución lleva la firma del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, pero fue consensuada con el resto de los jueces.
Si bien en un principio se hablaba de alrededor de 500 internos, la resolución también podría alcanzar a presos “que se encuentren en situación de riesgo pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves”, pero siempre según se analice en cada caso y lo disponga el juez natural. Por eso el número de beneficiados se amplía a unos 2.300.
Sin embargo, no están alcanzados por el beneficio quienes hayan cometido delitos graves como violación, homicidio, robo agravado y violencia de género.
En el fallo se reconoce “la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”. Y sostiene que “a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.
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