El intendente de Necochea, Arturo Rojas, dejó en diciembre de 2019 la presidencia del directorio del Consorcio del Puerto Quequén, para ocupar el sillón municipal. Muchos antes que él habían intentado utilizar ese trampolín, donde abundan los recursos y la exposición mediática, para desembarcar en la Intendencia, sin éxito.
Rojas sentó precedente: no sólo ganó la elección, a pesar de la debacle de su espacio, Juntos por el Cambio, que perdió la Nación y la Provincia, sino que mantiene el control del funcionamiento del Puerto, en una maniobra por demás costosa y en nominada en dólares, varios meses después de haber dejado el cargo.
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Es que, a diferencia de lo que ocurrió en Bahía Blanca con el nombramiento del exsenador Federico Susbielles, que asumió su cargo en febrero, el gobierno Provincial deshoja la margarita y demora el nombramiento de un nuevo administrador. Así, la conducción está formalmente en manos del Gerente General, Oscar Morán, a quien el propio Rojas puso en funciones en enero de 2019.
Los términos del acuerdo se mantuvieron en la oscuridad hasta hoy. Según reconstruyó INFOCIELO a partir del acceso a esos documentos, Morán percibe una remuneración neta de 6.500 dólares (unos 450 mil pesos al tipo de cambio actual), y una serie de beneficios “extra” que dan pudor.
El Gerente General tiene garantizados todos los beneficios de un trabajador ordinario, y algunos más. “Fondo estímulo, sueldo anual complementario, presentismo, garantía salarial, bonificación por antigüedad, obra social, comedor obrero, licencia ordinaria para descanso anual y extraordinarias”, según los ítems que aparecen en el contrato.
Además, maneja un Toyota Corolla, último modelo, con todos los gastos de mantenimiento y reparaciones a cargo de “la empresa”, que es, en rigor, un “ente público no estatal”. Distintas fuentes consultadas por este portal aseguran que “de bolsillo”, está percibiendo no menos de 7.500 dólares: el doble de lo que cobra el presidente de la Nación.
Según la estructura diseñada por la Provincia, los consorcios portuarios se manejan desde un directorio en el que participan las empresas, los sindicatos y el gobierno local, pero que es presidido por representante del Gobierno bonaerense. Morán tiene como antecedente laboral inmediato el haberse desempeñado como gerente local de la multinacional Nidera, que opera en el puerto de Quequén, con lo cual no falta en Necochea quien señale que existe allí un evidente conflicto de intereses y una alarmante ausencia del Estado.
En términos políticos, en Necochea detentar la presidencia del Consorcio del Puerto importa tanto como ser intendente. En términos económicos, significa el manejo de un presupuesto multimillonario que se alimenta de una recaudación en dólares y para el que hay pocos controles: apenas la auditoría del Tribunal de Cuentas.
La continuidad de Morán tiene todavía algo de cuerda, porque el Gobierno de Axel Kicillof no avanza en la designación de un nuevo presidente. Hay un poker de candidatos, cada uno en representación de los sectores que conforman el Frente de Todos: el ex juez Federal Eduardo Freiler, por el kirchnerismo; Jose Luis de Gregorio, ex presidente del consorcio presentado por el operador Roberto Porcaro; Facundo López, ex intendente municipal, empujado por Sergio Massa, y Andrea Cáceres, concejal promovida por La Campora.
Seguro es que Arturo Rojas no quiere en el puerto a López, a quien “bombardeó” desde el sillón del Consorcio cuando López era intendente, hasta ganarle “mano a mano” la elección en 2019. Un eventual enroque, teme ahora Rojas, lo expondría a la venganza de su antecesor.
Esos temores dejan huellas en los medios de comunicación locales y nacionales. A Rojas le explotó una denuncia por incumplimiento de la cuarentena, que el propio intendente calificó como “opereta”. A López, ocho gremios -entre ellos UATRE, columna vertebral del partido FE, del que proviene Rojas- le publicaron una solicitada declarándose en “alerta y movilización” ante su eventual designación.
La sociedad entre multinacionales exportadoras y la UATRE manejó el puerto Quequén a lo largo de los últimos veinte años. Ese tándem logró imponerle condiciones a María Eugenia Vidal, que, en 2016, se había inclinado por el ingeniero José María Dodds -otro ex ejecutivo de Nidera- para manejar el puerto y debió dar marcha atrás para hacerle lugar a Rojas.
Hoy, tanto Rojas como la UATRE orbitan lejos de Juntos por el Cambio y pierden peso específico para imponer condiciones. Por eso ensayan un tibio acercamiento al Frente de Todos. Tanto él como Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, electo por el partido FE, adoptaron una identidad vecinalista y mantuvieron reuniones con el Gobierno provincial y con el Gobierno nacional.
La justificación es clara: hay que Gobernar, especialmente frente a la adversidad que implica hacer frente a una pandemia habiendo recibido el municipio en malas condiciones desde lo econónimo. Pero también hay que hablar de negocios, y tanto San Pedro como Necochea tienen puertos provinciales.
Arturo Rojas y un grupo de intendentes vecinalistas junto al gobernador Axel Kicillof.
El problema es que el FDT es heterogéneo y hay otros sectores no están dispuestos a negociar con Rojas. No son los únicos: el desplante que significa haber dejado Juntos por el Cambio hizo ganar al intendente la enemistad manifiesta de sus ex compañeros de ruta. La UCR local tampoco lo acompaña -lo enfrentó en las PASO y perdió-, con lo cual hoy está en un verdadero fuego cruzado.
No obstante, la jugada política reportó algunos dividendos a Rojas: en La Plata no consideran a Facundo López un candidato viable y se inclinan por una tercera posición: un dirigente “propio” que no entre en conflictos con el intendente. Esa posibilidad se complementa con los acuerdos que tejió a nivel local con La Cámpora, como el que permitió la llegada de Hernán Trigo Gutiérrez -dirigente de FE- a la presidencia del Concejo Deliberante.
¿Moneda de Cambio para la llegada de Cáceres al puerto? Difícil: en el Gobierno buscan un dirigente con perfil técnico, de confianza, con una característica central: “que responda únicamente al Gobernador y no a pseudo operadores políticos que se dedican, con los privados, a hacer negocios para ellos”.
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