El juez camarista Mariano Llorens hizo lugar a la apelación del ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, para que la causa de espionaje ilegal que recayó en el juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, sea llevada a los tribunales de Comodoro Py, los tribunales donde recayeron las causas contra Cristina Kirchner y que desde el kirchnerismo apodaron burlonamente como “Comodro PRO”.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti había rechazado el pedido de Arribas, quien apeló junto al fiscal federal Guillermo Marijuán ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y recibió el visto bueno de Llorens. Ahora Capuchetti deberá pedirle al juez Augé que no continúe con la causa y le envíe los expedientes.
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Aún no está dicha la última palabra. Es que Juan Pablo Augé puede negarse y, como su juzgado está bajo la jurisdicción de la Cámara Federal de La Plata, sería el juzgado platense quien debería definir la cuestión de competencia. Según el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, quien finalmente definirá dónde seguirá la causa será el Tribunal de Casación, que también tiene competencia para definir este tipo de conflictos.
El argumento de Llorens es que los hechos que se investigan “se vinculan con una actividad de espionaje ilegal producida por un organismo federal que tiene sede en esta ciudad”.
“La investigación que se lleva a cabo en el marco del expediente señalado tiene como norte dilucidar los hechos vinculados con la realización de tareas de inteligencia ilegales sobre el Instituto Patria y en el domicilio particular de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ambos ubicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, amplió el Juez en su dictamen.
Cristina Fernández de Kirchner todavía no se pronunció respecto del posible cambio de tribunal. Pero es conocida su postura contra Comodoro Py, donde se desempeñaba el difunto juez Claudio Bonadío, quien pidió su prisión preventiva en tres de las seis causas que recayeron en su juzgado. Por ese motivo, la ex presidenta había denunciado ser víctima del “forum shopping”, un término utilizado en la jerga del Derecho para referirse a la asignación adrede de jueces y tribunales, que debe ser por sorteo.
El que sí habló públicamente fue Dalbón, quien denunció a través de las redes sociales que “Eligen los jueces, tienen los procuradores y los medios”, en referencia a los funcionarios macristas y pidió por la reforma judicial, que se debate en el Congreso. Desde el kirchnerismo especulan que si Arribas pidió ser juzgado en Comodoro Py, es para que la causa recaiga en un “juez amigo”.
Augé, quien heredó en julio la causa del removido juez Federico Villena por presunta “parcialidad”, procesó y embargó por $2.000.000 a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia durante la administración de Mauricio Macri.
En las últimas horas, el juez de Lomas de Zamora había llamado a indagatoria al ex secretario privado de Macri, Darío Nieto. También había pedido que Arribas, Majdalani y Susana Martinengo amplíen sus indagatorias, junto a otros veinte agentes de la AFI, en el marco de la investigación sobre una supesta red de espionaje ilegal que operaba desde el Estado y que, según los fiscales, encabezaban Arribas y Majdalani desde la AFI, utilizaban a Nieto y Martinengo como nexos con el Ejecutivo Nacional, a quien le entregaban los informes.
Cristina Fernández de Kirchner es una de las damnificadas por el espionaje. También lo son Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Mario Negri, Graciela Camaño, Martín Insaurralde, Verónica Magario, Pablo Bruera, Hugo Moyano, Martín Izurzun, Hugo Alconada Mon y otros 400 periodistas, funcionarios y empresarios.
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