En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales. “El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”, indica el expediente.
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Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la UIF destacó la “reforma sustancial luego de 11 años. Nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”. “Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno”, aseguró.
Asimismo, el funcionario remarcó que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se presentó el proyecto el 31 de mayo y acorde con políticas de Estado. A su vez, explicó los “tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.
En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó “constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permitió actualizar el texto original”.
Reunion de Comisión en Diputados.
Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es “un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural”. “En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades”, advirtió.
Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) criticó la “forma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal”. Esta iniciativa “incorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenesí de la penalidad, se termina minando la relación de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabrá que el Estado habrá convertido a su abogado de confianza en un delator”, aseguró.
Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación. “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”. “Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”.
“Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico pero también la efectividad”. “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”, manifestó.
De la reunión participaron Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián Kaufman, abogado; Francisco D´Albora, fundación para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevención de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.
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