En el corazón de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el trabajo académico ha dejado de ser una observación distante para transformarse en un compromiso territorial que lleva más de tres décadas de historia. Desde el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS), Carolina Maidana estuvo en los estudios de INFOCIELO PLAY para comentar sobre la práctica científica que se entrelaza con las urgencias de las comunidades indígenas, especialmente en el periurbano platense, desafiando las lógicas tradicionales de la academia.
Una ciencia “con y para” las comunidades
La labor del LIAS no se limita al archivo o la teoría pura. Según explica su integrante, el enfoque ha sido, desde principios de los 90, acompañar procesos de autoconstrucción y organización colectiva, como el caso paradigmático de las familias del pueblo Qom que lograron un espacio comunitario en la región. Este trabajo rompe con la visión paternalista, “lo nuestro no es una cuestión digamos de ayuda ni ni de asistencialismo sino que tiene que ver con producir esto conocimiento de manera conjunta con con las comunidades, no hablamos por los pueblos indígenas, trabajamos con y para los pueblos indígenas”.
Esta producción de conocimiento compartido busca dotar de herramientas científicas a las demandas territoriales. La antropología, como ciencia social, aporta la base necesaria para fundamentar por qué un pueblo indígena tiene derecho a permanecer en Buenos Aires o por qué se deben frenar los desalojos. Como señala Maidana, “¿cómo comprendemos la presencia de los pueblos indígenas en provincia de Buenos Aires hoy? eso no sería un una cuestión tutelar sino que sería una cuestión de producir conocimiento junto con los pueblos indígenas”.
El puente entre la academia y la política
La realidad universitaria para Maidana revela un “compromiso académico pero también político”. Un ejemplo clave es el rol de la universidad en la defensa de la Ley 26.160, que ordenaba relevamientos técnicos y catastrales para regularizar tierras y frenar desalojos, una norma fundamental que tuvo vigencia desde 2006 hasta su derogación en 2020.
Este compromiso se traduce en acciones concretas, como participar en pedidos de información para recursos de amparo o colaborar en la interpretación de interacciones con abogados y el Estado. La universidad actúa como un soporte técnico-científico que valida la preexistencia étnica y cultural, un concepto que no figuraba en la Constitución Nacional cuando el LIAS comenzó su trabajo.
Hacia una interculturalidad real
El análisis profundo de esta realidad universitaria nos lleva al concepto de interculturalidad, una demanda que va más allá de la simple resolución de desigualdades sociales. Mientras que el Estado suele responder a pedidos de salud o vivienda como cuestiones de equidad general, los pueblos originarios exigen que se reconozca su diversidad cultural.
“El reclamo no atiende solo a cuestiones de desigualdad sino de diversidad cultural”, explica la investigadora, señalando que la interculturalidad implica, por ejemplo, que el sistema de salud reconozca y conviva con la medicina ancestral. Un caso ilustrativo ocurre en Santiago del Estero, donde en hospitales públicos la gente puede elegir atenderse con medicina hegemónica o con sanadores tradicionales, “esa medicina está viva con la propuesta de la interculturalidad vamos recobrando nuestra medicina”, sostiene Maidana.
En conclusión, la universidad se posiciona como un actor clave en la lucha por los derechos humanos de los pueblos originarios. Es una academia que entiende que los derechos humanos son, en palabras de sus protagonistas, “poder vivir en nuestro territorio, poder hablar nuestro idioma, no tener que emigrar, que se reconozca sus autoridades”, expresó Maidana. Así, la universidad se convierte en el espacio donde la ciencia se pone al servicio de la preexistencia y la dignidad cultural.
