La Cámara de Diputados bonaerense emitió un comunicado institucional de fuerte peso político para responder a la denuncia formulada el pasado 25 de septiembre por el juez de Garantías Guillermo Atencio. El documento lleva las firmas de las autoridades de la cámara y de los presidentes de los distintos bloques legislativos, con las ausencias del firmante Manuel Passaglia (Hechos) y de los diputados que integran los bloques de la Izquierda. El pronunciamiento salió a fijar postura frente a los cuestionamientos vinculados al archivo de expedientes y al resguardo de las garantías constitucionales.
El comunicado conjunto contó con el aval de las máximas autoridades de la conducción legislativa y la casi totalidad de las jefaturas de bancada. Entre los firmantes se encuentran el presidente de la Cámara, Enrique Alejandro Dichiara (Unión por la Patria), acompañado por los vicepresidentes Alexis Guerrera (Unión por la Patria), Agustín Forchieri (PRO), Agustín Romo (La Libertad Avanza), Mariano Cascallares (Unión por la Patria), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR + Cambio Federal). A ellos se sumaron los presidentes de los respectivos bloques políticos: Facundo Tignanelli por Unión por la Patria, Juan Esteban Osaba por La Libertad Avanza, Alejandro Rabinovich por el PRO, Martín Rozas por Unión y Libertad, Diego Garciarena por UCR + Cambio Federal, María Alejandra Lordén por la Unión Cívica Radical, Gustavo Cuervo por Nuevos Aires, José Andrés De Leo por la Coalición Cívica y Juan José Esper Zamar por Derecha Popular.
LA DEFENSA SOBRE EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y LA CAUSA RIGAU
En primer lugar, el cuerpo legislativo sostuvo que la Honorable Cámara de Diputados (HCD) “siempre actuó ajustado a derecho y colaboró con la Justicia”. En esa línea, aclararon que la resolución de archivo de expedientes —contemplada en el reglamento interno desde el año 2002— fue aprobada por más de dos tercios de los legisladores el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes de que ingresara el requerimiento judicial el 19 de agosto. Por este motivo, remarcaron que “de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas”, ya que la decisión fue pública, votada en sesión y transmitida en vivo.
Asimismo, el comunicado solicitó diferenciar las actuaciones judiciales para evitar confusiones en la opinión pública. Precisaron que los requerimientos administrativos cuestionados no correspondían a la conocida causa “Julio Rigau” (por fraudes y asociación ilícita), sino a la causa “Rodríguez”, vinculada a un hecho de hurto. Respecto a la causa Rigau, la HCD recordó que aportó toda la información requerida, permitiendo que la investigación avance, se eleve a juicio y existan personas privadas de su libertad, por lo que descartaron que haya existido una conducta institucional para entorpecer la investigación.
INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y DIVISIÓN DE PODERES
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento radica en la defensa de las prerrogativas constitucionales del Poder Legislativo. El cuerpo consideró “inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, amparándose en el artículo 96 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que protege las opiniones y votos de los parlamentarios. Ante el requerimiento del juez, la HCD señaló que no guardó silencio, sino que contestó formalmente informando que el archivo había sido convalidado mediante una decisión soberana del cuerpo.
Finalmente, el documento abordó el equilibrio entre los poderes del Estado y advirtió sobre los límites en las facultades de control recíproco. Si bien reconocieron que cada poder cuenta con herramientas para fiscalizar a los demás, advirtieron que esas atribuciones “no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”.
El comunicado concluyó subrayando que la historia institucional demuestra que la existencia de investigaciones judiciales previas nunca significó un impedimento para el accionar de la Justicia, exigiendo preservar tanto la independencia judicial como la autonomía legislativa.
