Durante la segunda etapa del Primer Congreso Nacional de Sociólogas y Sociólogos de la República Argentina, celebrada los días 24 y 25 de septiembre en la Facultad de Humanidades y Ciencias, el ámbito académico decidió cerrar filas y levantar la voz en defensa de la investigadora Virginia Carolina Aparicio.
Aparicio —ingeniera agrónoma, científica del CONICET y profesional con trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA desde 1997— enfrenta hoy un sumario administrativo dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que podría derivar en su exoneración. El origen del conflicto se remonta a su participación en el proyecto internacional SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea e impulsada por la Universidad de Wageningen para medir la presencia de plaguicidas en personas, animales y el ambiente. La Argentina había sido seleccionada como el único socio no europeo del estudio, recolectando muestras locales con la colaboración de 73 voluntarios.
La medida disciplinaria del INTA
La controversia tomó estado público en 2023, cuando las autoridades del INTA resolvieron suspender la difusión de los resultados obtenidos en el país y, poco después, retirar formalmente al organismo de la investigación. Mientras el proyecto SPRINT siguió su curso a nivel global hasta culminar en 2026, la trama local se tornó disciplinaria. A fines de agosto de este año, el Consejo Directivo del INTA abordó la situación de la especialista; poco después, a través del gremio APINTA, trascendió de manera extraoficial la amenaza de una posible exoneración, medida sobre la cual la científica aún no ha sido notificada de forma oficial.
Frente a este escenario, la red de organizaciones profesionales que impulsa el Congreso —entre ellas la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA) y el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires— emitió una declaración contundente: “No puede existir ciencia pública si se persigue, censura o disciplina a quienes investigan y comunican resultados incómodos”. En su pronunciamiento, las entidades exigieron al INTA que garantice el debido proceso, preserve la libertad de investigación y transparente los motivos detrás de sus decisiones.
El impacto del caso superó los límites de los laboratorios y los claustros universitarios. A lo largo de septiembre, la Cámara de Diputados de la Nación se convirtió en caja de resonancia de la polémica con la presentación de iniciativas parlamentarias impulsadas por distintos bloques, como el Frente de Izquierda. Los proyectos buscan expresar el repudio al proceso sumarial contra la investigadora y exigir al Poder Ejecutivo informes detallados sobre la cancelación de la participación argentina en el programa SPRINT.
Para la comunidad sociológica, lo que se debate en torno a Aparicio no es una mera disputa laboral o administrativa, sino la función social del conocimiento. “No hay desarrollo sostenible sin ciencia pública. No hay ciencia democrática sin libertad para investigar”, sintetiza la declaración final del encuentro. La postura colectiva subraya que cercenar la labor científica vulnera el derecho de la sociedad a estar informada, compromete la salud ambiental de las comunidades y debilita la capacidad del Estado para formular políticas públicas respaldadas en evidencia empírica.
