Luego de las movilizaciones que tuvieron lugar en la capital de la provincia de Buenos Aires a fines de octubre y comienzos de este mes, propietarios de casas rodantes preparan una nueva jornada de protesta en distintos puntos del país el 27 de noviembre.
“Es una marcha nacional que tendrá lugar en muchas localidades del interior del país, La Plata, el Obelisco y diversas ciudades del conurbano bonaerense“, le adelantó a INFOCIELO el titular de la Asociación de Rodanteros Argentinos (ARA), Pablo Calegari.
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Los reclamos se enmarcan en el vencimiento de una prórroga que alcanzaba a todos los tráilers de menos de 750 kilos (identificados como Categoría O1): desde el 1° de abril, no podrán circular con la misma patente con la que lo hacían hasta ahora (conocida como 101) y para conseguir la nueva placa, deberán antes aprobar un informe técnico que garantice que el vehículo cuenta con determinadas condiciones de seguridad.
Según la ARA, que nuclea a los dueños de estos rodados, el costo para adecuarse a la normativa va desde los $300.000 hasta los $400.000 (cerca de 300.000 pesos se gastan en las mejoras de seguridad y entre 90.000 y 100.000 en el trámite de homologación). Además, el tiempo para hacerlo les resulta insuficiente (tanto para realizarlo como para conseguir el dinero), más teniendo en cuenta la dificultad para componerse económicamente tras la pandemia.
Cómo se hace el trámite
El trámite para patentar el tráiler se inicia ante la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). Luego, el dueño del vehículo debe dirigirse hacia un taller registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) o a un ingeniero mecánico con competencia en la materia, en donde se realiza el informe técnico. Este detalla si el tráiler cumple o no con las especificaciones indicadas por la normativa vigente.
Si el informe está aprobado y fue realizado por un taller registrado, se envía directamente a la ANSV. Si lo hizo un ingeniero, este lo envía primero al Colegio de ingenieros de la jurisdicción local y luego a la ANSV.
Una vez recibido y aprobado el informe por la ANSV, se le envía al dueño una boleta de pago para que abone la certificación. Cuando la ANSV recibe el pago, se envía al registro seccional de la DNRPA en el que el propietario inició el trámite y se lo notifica para que concluya con el patentamiento.
Sin multas hasta el 1° de abril de 2022
La fecha límite para adecuarse a la normativa venció el 1° de noviembre. Sin embargo, ante los reclamos de los rodanteros, el Gobierno anunció por medio de la Disposición Conjunta 1/2021 que no impondría sanciones a los tráilers Categoría O1 que la incumplieran hasta el 1° de abril de 2022.
A pesar de esto, los propietarios de los vehículos piden otros dos años de prórroga. Además, exigen formar parte de la toma de decisiones para evitar que -como denuncian, sucedió en esta oportunidad- se redacten normas con vacíos legales, imposibles de cumplir por quienes utilizan a diario estos medios de transporte para viajar por el país.
“Si bien esto es un alivio para quienes quieran salir con sus rodantes categoría O1 durante el verano, la medida no varía en nuestra lucha por lograr que ambas categorías (O1 y O2) puedan cumplir con las disposiciones vigentes de la manera que venimos planteando”, remarcaron desde ARA sobre la disposición conjunta 1/2021 a través de sus redes sociales.
Es que la norma ya regía desde 1996 en vehículos de más de 750 kilos (Categorías O2 y O3), aunque nunca se había efectivizado ni controlado. De hecho, los propios fabricantes vendían tráilers nuevos sin adecuarse a los requerimientos técnicos legales. Por ende, la gran mayoría se encuentra fuera de la ley.
En este marco, y haciendo hincapié en la temporada de verano, desde la organización advirtieron que desconocen qué pasará con los tráilers O2. “Ante el vacío legal con este tipo de disposiciones, no podemos decirle a la gente que use sus rodantes, sería muy irresponsable de nuestra parte decirles que salgan, que no va a pasar nada. Les pedimos que si salen, lo hagan por su responsabilidad”, dijo Calegari.
¿Qué puntos de la medida critican?
Los rodanteros insisten con que no están en contra de las medidas de seguridad que establece la norma. De hecho, resaltan varios puntos positivos: la homologación garantiza que, por ejemplo, el tráiler tenga un eje de frenos, tortuga, luces y freno de mano.
“Estamos a favor de que se busque la seguridad y de que la gente adecúe los vehículos a la ley. De lo que estamos en contra es de la forma en que se implementó: de una manera abusiva, buscando recaudar y exigiéndole a los propietarios de casas rodantes y tráilers (que son cerca de 500 mil personas o más) que se adapten en tiempo récord y cambiando las reglas del juego”, remarcó Calegari.
Algunos de los puntos más cuestionados por el grupo son los siguientes:
- Según la norma, el tráiler no puede ser más ancho que el vehículo tractor. Esto es difícil de cumplir ya que las casas rodantes suelen ser todas más anchas por la orientación de las camas (están colocadas de forma transversal).
- Mientras la norma ya existía, los talleres seguían vendiendo vehículos sin las prestaciones que esta indicaba ya que no se controlaba ni se tenía en cuenta en el mercado.
“Esos talleres que hoy están legalmente autorizados a hacer la homologación son los mismos que durante décadas vendieron sus casas rodantes fuera de la ley aún siendo conocedores de la misma”, recalcó el referente.
- La Resolución 282/2021 de la ANVS se dictó en marzo y recién en agosto se emitió el informe técnico específico requerido para las casas rodantes, por lo que el plazo para poder cumplir con las regulaciones quedó reducido a apenas tres meses.
¿Qué piden?
- Que se configuren talleres cercanos al domicilio, capacitados, que emitan el certificado vial para presentar ante el registro del automotor para realizar la homologación.
- Que los propietarios de casas rodantes no paguen el trámite de homologación, sino solo las mejoras.
“Exigimos al Estado que lo subvencione porque es su error. Nosotros fuimos compradores de buena fe, nadie nos informó que existía esta ley. Si el Estado se niega, deben hacerse cargo los fabricantes, porque ellos conocían la ley y siguieron fabricando por fuera de ella, perjudicando a un montón de gente que no sabía”, dijo Calegari.
- Ser parte de la toma de decisiones.
- Que el Estado dé créditos a tasa cero para las compras de las mejoras obligatorias de las casillas (gastos materiales).
Un golpe al turismo
Según el titular de la ARA, el Gobierno no ha tenido en cuenta que “la gente acaba de salir de una pandemia y no tiene el dinero para gastar en estos trámites”. “Podrían haber esperado un par de años a que la gente se acomode con sus trabajos y negocios”, sostuvo.
“Somos grandes contribuyentes a las economías regionales, vamos a donde no va el turista de hotel, las localidades del interior están esperando nuestra llegada porque consumimos, vamos a espectáculos, cargamos combustible”, remarcó, haciendo hincapié en que su ausencia en las rutas durante la temporada de verano perjudicará al sector turístico.
“Todo lo que necesitamos lo hacemos en los pueblos”, sostuvo, al tiempo que adelantó que “también los campings se verán afectados”.
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