La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó los resultados de una encuesta sobre usos y percepciones en torno a la inteligencia artificial (IA) y reveló que, si bien la mayoría de las personas la utiliza con fines productivos y formativos, casi el 30% aseguró haber tenido malas experiencias. Además, seis de cada diez encuestados consideran que el Estado debe intervenir para proteger a la ciudadanía frente a los posibles riesgos que esta tecnología implica.
El relevamiento, elaborado por el organismo que conduce Guido Lorenzino, indagó sobre el nivel de conocimiento, las oportunidades y los temores asociados al desarrollo de la IA. Según el informe, la herramienta ya forma parte de la vida diaria de gran parte de la población, aunque su expansión viene acompañada de interrogantes sobre su funcionamiento, precisión y efectos sociales.
Uso extendido, pero con cautela
Siete de cada diez personas dijeron usar inteligencia artificial habitualmente: un 31% lo hace a diario y un 40% algunas veces por semana. Los principales usos están vinculados al trabajo (26,6%) y al estudio (25,8%), seguidos por consultas personales (20,7%), salud y bienestar (12,6%) y entretenimiento (12,4%).
El nivel de conocimiento declarado se ubicó mayoritariamente en un rango intermedio, 39,51% afirmó tener un manejo “medio”, y ChatGPT fue la herramienta más utilizada, con el 36,4% de las menciones.
En cuanto a las emociones que despierta esta tecnología, predominan las positivas: la curiosidad, el entusiasmo y la confianza sumaron un 75% de las respuestas. Sin embargo, un 22% manifestó desconfianza o indiferencia.
Entre quienes no utilizan IA, el 10% nunca y el 19% rara vez, la falta de interés fue la razón más señalada (32,9%), seguida por preocupaciones sobre privacidad o riesgos (21,5%) y desconfianza (19%).
El estudio mostró que un 54% de quienes usan IA no registró problemas, pero un 26% sí afirmó haber atravesado experiencias negativas, mientras que un 20% no estuvo seguro. Entre los principales inconvenientes, se mencionaron respuestas incorrectas o inexactas (37%), expectativas incumplidas (26%), dificultades técnicas o de comprensión (20,8%) y preocupaciones sobre privacidad (13%).
Demanda de regulación
El relevamiento también expuso un fuerte consenso en favor de la regulación: un 56,59% considera que el Estado debe garantizar normas que protejan los derechos de las personas frente a los riesgos de la IA, y otro 17,56% acompaña una regulación parcial. Solo un 13,17% se pronunció por la ausencia total de control estatal.
“El avance de las IA nos pone ante un panorama complejo y dinámico, donde este uso cada vez más generalizado también convive con notables desigualdades en el acceso, el conocimiento técnico y la capacidad de aprovechar sus potencialidades”, expresó Lorenzino. En ese sentido, destacó que “buena parte de la ciudadanía no reclama la limitación de su desarrollo, sino el control de sus efectos por parte del Estado, bajo criterios de justicia, equidad y defensa de los derechos humanos”.
