Junto a la Pandemia y la crisis económica (la heredada), o tal vez atravesando ambos temas, la toma de tierras en todo el país se posicionó rápidamente entre las principales preocupaciones de los gobiernos de la Provincia y de la Nación, casi al nivel de la inseguridad.
Sólo en las últimas semanas se produjeron tomas masivas de terrenos privados en La Matanza, Presidente Perón, La Plata y varios otros puntos de la Provincia, también en el interior. Es el síntoma más preocupante de una enfermedad endémica de Buenos Aires: el déficit habitacional, que se calcula en más de un millón de hogares.
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Los últimos datos disponibles al respecto provienen del Censo 2010, cuando en la Provincia había 15.6 millones de habitantes y 4.8 millones de hogares. Según esos datos, el grueso del déficit -760 mil hogares- estaba en el Conurbano bonaerense y el resto -310 mil hogares- en el interior bonaerense.
Mientras sectores mediáticos y políticos de la oposición se enfocaron en agitar el problema, el Gobierno de Alberto Fernández encaró rápidamente varias líneas de acción en pos de soluciones. Una, la que más publicidad tuvo, fue el relanzamiento de PROCREAR, la línea de créditos destinados a familias de clase media para que accedan a vivienda, o puedan llevar a cabo mejoras y refacciones en el hogar.
Son en total 300 mil préstamos fondeados con 25 mil millones de pesos de ANSES. Los créditos hipotecarios se lanzarán en septiembre y estarán destinados a familias que hayan adquirido lotes antes del 4 de agosto, aunque también hay un “banco” de 10 mil terrenos que se pondrán a disposición de los beneficiarios.
Pero además apuesta fuerte al Plan Nacional de Suelo Urbano y al Plan Federal Argentina Construye Solidaria, dos iniciativas que convocan a las Provincias y a los Municipios para facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda para las familias de todo el país.
El Plan Nacional de Suelo Urbano busca la “producción de suelo” junto a una regulación del mercado inmobiliario y el fortalecimiento de políticas de gestión y planificación por parte de las provincias y los municipios, con el objetivo de propiciar “una justa distribución de cargas y beneficios de los procesos de urbanización”, según explicaron esta semana desde el Gobierno provincial, que adhirió esta semana al plan.
Uno de sus promotores es Luciano Scatolini, Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, quien impulsó hace casi una década el debate por la Ley de Hábitat en la provincia de Buenos Aires. “Las tomas son un tema que nos preocupa muchísimo. Entendemos que hay una demanda social, que no es de ahora sino de muchos años, por el acceso a un espacio para vivir”, sostuvo en declaraciones a Lado P.
Scatolini abogó porque el Estado tenga “políticas activas” para dar soluciones. De hecho, dijo, lo está haciendo. “El Estado puede generar esas tierras de manera asociada a un privado, o comprar tierras y lotearlas. Todo eso se ha contemplado en el Plan Nacional de Suelo Urbano”, indicó. Además, dijo, busca “generar acciones preventivas para llegar antes de las tomas de tierras” a las que consideró “una patología, un problema que a todos nos termina deteriorando la calidad de vida”.
El plan es nacional, pero el protagonismo lo tienen las provincias y los municipios, quienes deben “establecer prácticas sanas de regulacion y de planificacion del uso del suelo, porque no es una facultad del gobierno nacional”. El rol de la Nación es “apoyar a los gobiernos provinciales y municipales”.
El compromiso de esos niveles del Estado en la problemática de las tierras es un eje de la discusión. El proio Scatolini consignó en “Hábitat, un desafío de todos”, una publicación que elaboró junto a Juan Duarte y Tobías Hutton este año, que tres de cada cuatro municipios bonaerenses nunca adhirieron a la Ley de Hábitat, que es la que facilita las herramientas para la producción de suelo urbano.
Un tercer eje del plan de la Nación pasa por la reactivación de planes de viviendas abandonados. En la Provincia se estima que hay 4 mil casas a medio construir, pero la ministra de Desarrollo Territorial de la Nación, María Eugenia Bielsa, es optimista de cara a su terminación, para lo cual promueve la firma de acuerdos con los municipios y a la participación de organizaciones sociales.
Sobre ese eje trabaja el Plan Federal Argentina Construye Solidaria que se fondean con 520 millones de pesos destinados a instituciones.
Este último actor tiene mucho que ver con la problemática. Dentro del Gobierno hay recelo respecto del rol que juegan el Movimiento Evita, que lideran Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro en las tomas de terrenos organizados. También encendieron las alarmas las declaraciones del jefe de la CTEP, Juan Grabois, quien anticipó que la “oleada de tomas” se iba a “profundizar”.
Se trata de dos sectores que si bien confluyen en el Frente de Todos, fueron desplazados de áreas que historicamente controlaron o en las que mantuvieron peso específico -incluso durante el gobierno de Cambiemos-, como Desarrollo Social y el tema de la vivienda. Ahí, ahora pisa fuerte La Cámpora, y la impronta de la gestión parece haber dado un vuelco importante.
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