Una resolución del gobierno nacional dejó sin personería jurídica operativa a miles de entidades asociativas en todo el país . En dialogo con el programa “Palabras más, palabras menos” de LA CIELO FM 103.5, Gildo Onorato, presidente del Instituto de Asociativismo y Cooperativismo de la Provincia de Buenos Aires (IPAC), denunció una política deliberada de desarticulación territorial, expuso graves inconsistencias administrativas en la norma y detalló una deuda millonaria del Tesoro Nacional con el sector .
La guadaña del INAES y la parálisis legal
El periodista Alvino Aguirre abrió la conversación sobre la medida dictada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) . A través de una resolución oficial, el organismo suspendió la matrícula de casi 9.000 instituciones, alcanzando a más de 6.000 cooperativas y 3.000 mutuales de toda la Argentina .
Frente al argumento de la administración central sobre supuestos incumplimientos contables o falta de asambleas, Gildo Onorato fijó postura de entrada, “compartimos que hay que tener una fiscalización y una transparencia en el marco institucional” . Sin embargo, advirtió que la medida paraliza al 40 por ciento de las cooperativas bonaerenses, impidiéndoles facturar y operar legalmente . Para el titular del IPAC, el trasfondo excede lo burocrático, “da cuenta de que hay una intencionalidad de achicar el padrón de instituciones matriculadas para seguir destruyendo tejido productivo, tejido de trabajo y sobre todo seguir desarticulando aquellas instituciones que sostienen la vida comunitaria en cientos de miles de pueblos” .
Inconsistencias técnicas y ahogamiento financiero
Durante la entrevista, Onorato expuso severas fallas en la confección del acto administrativo . Aunque la resolución apuntaba a regularizar padrones anteriores a diciembre de 2024, la suspensión masiva incluyó de manera insólita a 398 instituciones cuyas matrículas habían sido aprobadas recién en el año 2026 .
A la falla técnica se suma el recorte de fondos . Según denunció Onorato, “el Tesoro Nacional adeuda 125.000 millones de tributos de las cooperativas que tienen que volver en coparticipación a los organismos provinciales para seguir alimentando una política de promoción” . Asimismo, inscribió este escenario en un contexto internacional adverso, recordando que en diciembre de 2025 Argentina votó en la ONU junto a Estados Unidos e Israel en contra del modelo cooperativo . En palabras del funcionario, “hay política de hostigamiento, hay sanción, no hay política de financiamiento y hay un ajuste del Tesoro Nacional con tributos que las cooperativas pagan y que no vuelven a las provincias” .
Servicios esenciales en la mira
Consultado sobre si la medida afectaba únicamente a cooperativas de trabajo o emprendimientos informales, Onorato remarcó el alcance sistémico del ajuste. “No es que se afectó a lo que siempre se estigmatiza que son las cooperativas de servicio o las cooperativas de trabajo; se afectó a todo el sistema cooperativo” .
Los números de la provincia de Buenos Aires sostienen la dimensión del problema, el 80 por ciento del tendido eléctrico rural es operado por cooperativas, mientras que 2,5 millones de bonaerenses reciben agua potable a través de la gestión comunitaria . A esto se suma la prestación de telefonía móvil, internet, televisión por cable y producción de alimentos . Al retirarles la personería, estas entidades quedan imposibilitadas de prestar servicios básicos . Para Onorato, esto evidencia que “hay una agenda de sanción por sobre el acompañamiento y por otro lado que hay un ajuste del tesoro para que no existan políticas de promoción” .
Dos modelos de gestión en pugna
Frente a la parálisis nacional, la provincia de Buenos Aires desplegó asistencia técnica y legal con programas como “Cooperativas al día” y “Clínicas de cumplimiento participativo”, diseñados para regularizar documentación con las entidades funcionando . Onorato destacó que la provincia lleva adelante una fiscalización activa que no se realizaba desde 2009, pero con un enfoque contrapuesto al nacional .
Hacia el cierre del diálogo radial, el titular del IPAC resumió la contienda política y conceptual que atraviesa al movimiento asociativo argentino, “creemos en la transparencia pero fiscalizamos para acompañar; el gobierno nacional fiscaliza para sancionar y eliminar a las instituciones cooperativas”
