Un teléfono dentro de una cárcel bonaerense se convirtió en una herramienta para montar una verdadera usina de estafas. Según información obtenida por INFOCIELO, un preso alojado en la Unidad Penal N° 1 de Olmos realizaba al menos 50 llamadas diarias mientras se hacía pasar por un supuesto subcomisario y desplegaba distintas historias para conseguir dinero de sus víctimas.
La investigación encabezada por el fiscal marplatense Mariano Moyano permitió establecer, además, que detrás de esas comunicaciones habría una estructura con integrantes distribuidos en tres cárceles bonaerenses y distintos roles. Algunos buscaban datos de potenciales víctimas, otros efectuaban los llamados y una parte de la organización habría salido de las unidades penitenciarias para intentar concretar robos.
La pesquisa derivó en un operativo simultáneo realizado el jueves 22 de octubre en las unidades penales 1 de Olmos, 44 y 15 de Batán, con participación de las DDI de Mar del Plata y La Plata. Hubo tres detenidos y dos aprehendidos, además del secuestro de celulares, tarjetas SIM y documentación que ahora es analizada.
El falso subcomisario y las víctimas elegidas
Uno de los principales investigados es Hugo Franco Miguel, de 62 años, quien estaba alojado en Olmos. De acuerdo con las actuaciones, utilizaba la identidad ficticia del “subcomisario Gutiérrez” para comunicarse con personas previamente seleccionadas.
Los engaños tenían distintas variantes. En algunos casos, los delincuentes aseguraban que un familiar había sido detenido tras protagonizar un accidente y reclamaban dinero para resolver la situación. En otros, se presentaban como policías, empleados bancarios o incluso familiares que necesitaban una suma urgente.
La información sobre las posibles víctimas llegaba previamente a los internos encargados de realizar las comunicaciones. Los investigadores detectaron que Miguel podía efectuar unas 50 llamadas por jornada, con contactos que no se limitaban a Mar del Plata: también aparecieron registros vinculados con otras localidades bonaerenses y ciudades de Neuquén, Mendoza, Córdoba y Salta.
La pista que llevó de una estafa a una entradera
El origen de la investigación se encuentra en un episodio ocurrido el 8 de julio, cuando tres hombres llegaron a una vivienda de la jurisdicción de la comisaría duodécima y dijeron ser policías. Después modificaron el relato y aseguraron que debían retirar dinero que el propietario tenía guardado.
El dueño sospechó de la situación, logró evitar el contacto y los tres hombres huyeron. El análisis de cámaras, antenas telefónicas e intervenciones sobre distintas líneas permitió a los investigadores vincular ese intento de estafa con otros episodios.
Entre ellos apareció una entradera cometida el 14 de julio en una casa de la calle Artigas al 700, donde una mujer de 70 años fue sorprendida por delincuentes encapuchados y con guantes. La víctima fue golpeada, maniatada y amordazada, además de sufrir cortes en los dedos de un pie. Los asaltantes escaparon con 600 mil pesos.
Por ese hecho quedó detenido Alejandro Demetrio Rosales. El análisis de su teléfono y del dispositivo utilizado por otro de los sospechosos permitió avanzar sobre la presunta estructura que conectaba los robos con las estafas telefónicas.
Tres cárceles y una organización con roles definidos
La hipótesis de los investigadores apunta a una distribución precisa de tareas. Franco Isaías Miguel, de 29 años, y Jonathan Ezequiel Villalba, de 34, estaban alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán y habrían tenido a su cargo la búsqueda de información sobre posibles víctimas.
Esos datos eran enviados a otros integrantes que efectuaban los llamados desde las cárceles. En ese esquema aparecen Hugo Franco Miguel, desde Olmos, y Rosales, desde la Unidad Penal N° 15 de Batán.
Los allanamientos permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares, tarjetas SIM y anotaciones, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar qué otras personas participaron y cuántas maniobras pudieron concretarse.
En Olmos también fue encontrado Joel Hugo Aguirre, de 24 años, compañero de celda de Miguel. Ambos fueron inicialmente aprehendidos, aunque posteriormente recuperaron la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.
La causa continúa abierta y busca establecer el alcance de la asociación ilícita, identificar nuevas víctimas y determinar si los integrantes investigados participaron en otros robos cometidos mediante información obtenida previamente por teléfono.
Más de 10 mil comunicaciones desde la cárcel
La dimensión de la maniobra quedó expuesta también en los registros telefónicos incorporados a la investigación. Entre el 4 de junio y el 8 de julio se contabilizaron 5.158 comunicaciones realizadas desde la Unidad Penal N° 1 de Olmos. Entre el 4 de agosto y el 8 de octubre se sumaron otras 5.283.
Muchas de esas comunicaciones estaban dirigidas a adultos mayores y buscaban obtener información personal o patrimonial para luego exigir transferencias, entregas de dinero o supuestas fianzas.
Para el fiscal Moyano, los elementos reunidos vuelven a poner bajo la lupa el uso de celulares dentro de las cárceles bonaerenses. La investigación, además de avanzar sobre los integrantes de esta organización, busca determinar hasta dónde puede llegar una estructura delictiva que, pese a tener a varios de sus miembros presos, habría continuado operando desde el interior de las unidades penitenciarias.
