AySA realizó un pedido de aumento promedio del 22,6% en las tarifas de agua y cloacas para el 60% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante la audiencia pública realizada este martes. El pedido que alcanza a cerca de dos millones de hogares, fue cuestionada por el gobierno de Axel Kicillof durante la jornada convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
De aprobarse el cambio en los coeficientes zonales que determinan las tarifas, las facturas pasarían de un promedio de $29.116 a $35.710 mensuales, más impuestos, según los valores de septiembre de 2026. El cálculo no contempla las futuras actualizaciones por inflación y se produce en medio de la acelerada del gobierno de Javier Milei para privatizar la empresa estatal.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, participó de la audiencia por indicación de Axel Kicillof y rechazó el incremento. También cuestionó el proceso de privatización de la empresa impulsado por el Gobierno nacional y la paralización de obras de agua potable y saneamiento.
“Vinimos a denunciar esta estafa que solo beneficia a los grupos económicos amigos de Milei y Caputo”, sostuvo el funcionario.
El aumento que propone AySA
La modificación de los coeficientes zonales es el mecanismo que AySA busca implementar para actualizar las tarifas de una parte de sus usuarios. El planteo impactaría sobre el 60% de los hogares del AMBA, con una suba promedio del 22,6%: las facturas pasarían de un promedio de $29.116 a $35.710 mensuales, más impuestos.
El pedido llega después de que las tarifas acumularan un incremento nominal del 555% en los últimos tres años. De acuerdo con los datos difundidos por la Provincia, en el mismo período la inflación fue del 300%, mientras que la recaudación por el servicio creció un 135% en términos reales.
Para amortiguar los incrementos en los hogares alcanzados, la empresa prevé establecer un programa de implementación progresiva con topes a los aumentos mensuales en los cargos zonales al 5% acumulativo.
En el caso de los usuarios que dejen de pertenecer a zonas bajas, el subsidio adicional del 15% vigente se retirará gradualmente en tres etapas, donde la quita será de igual proporción en cada fase.
Entre los comercios, industrias e instituciones, el plan prevé una reducción promedio global del 2,2% en su factura media, pasando de $137.807 a $134.812. En la propuesta, el 63% mantiene su factura sin variaciones, el 22% registra reducciones, que en promedio alcanzan el 24,6%, y el 15% tiene aumentos, que en promedio son del 26,5%.
Para los usuarios con terrenos baldíos, AySA plantea un aumento promedio del 7,6% en su factura medio mensual, pasando de $17.822 a $19.172. En este caso, el 58% mantiene su factura sin cambios, el 37% registra aumentos, en promedio del 21,4%, y solo el 5% presenta reducciones, que en promedio llegan al 20,9%
La respuesta de la Provincia
Katopodis cuestionó que el Gobierno nacional avance con la privatización de una empresa que, según afirmó, logró equilibrar sus cuentas, mientras impulsa nuevos aumentos para los usuarios del área metropolitana.
“¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado”, planteó.
El ministro también advirtió que el incremento de las facturas convive con una fuerte caída de la inversión en infraestructura. Según las cifras presentadas por la Provincia, los recursos destinados a obras de agua y saneamiento disminuyeron un 75% en términos reales.
“Estas tarifas ya sufrieron un incremento del 555%, muy por encima del 300% de inflación, y encima paralizaron casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023”, señaló Katopodis.
Obras paralizadas y déficit de cobertura
Los datos difundidos por el gobierno bonaerense muestran el alcance del freno a la infraestructura. Entre 2019 y 2023, AySA terminó 1.307 obras destinadas a mejorar y extender los servicios. En diciembre de 2023 había 273 proyectos en ejecución, pero, según el relevamiento provincial, a mayo de 2026 ninguno registraba avances físicos y no se habían iniciado nuevas obras.
El déficit de cobertura sigue siendo significativo en el Área Metropolitana de Buenos Aires: 3,7 millones de personas, equivalentes al 24,5% de la población considerada, no tienen acceso a la red de agua potable. En tanto, 5,5 millones (36,4%) carecen de conexión a la red cloacal.
Con ese escenario como argumento, la Provincia rechazó la propuesta tarifaria y reclamó que cualquier modificación de los valores del servicio esté acompañada por inversiones que permitan ampliar la cobertura.
“Como pasó ayer en Brasil, estas políticas van a tener un freno. No vamos a permitir que dejen a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años”, concluyó Katopodis.
