La Provincia de Buenos Aires está a punto de ceder a la Capital Federal la potestad para controlar la prestación del servicio eléctrico y de fijar el valor de las tarifas en el Conurbano bonaerense, mediante una jugada que beneficia directamente a Horacio Rodríguez Larreta y que se puede complicar –y mucho- si Axel Kicillof obtiene un triunfo en octubre.
Hasta ahora, la política energética –más precisamente la relacionada al control de las redes eléctricas, en manos de EDENOR y EDESUR– del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde viven 15 millones de personas, fue manejada desde las privatizaciones menemistas por el Gobierno nacional. Por iniciativa de Mauricio Macri y de Nicolás Dujovne, ahora son la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.
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Para eso ambas jurisdicciones firmaron a lo largo de todo 2019 acuerdos que redundaron en la constitución del EMSE, Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico, que tiene la facultad de regular y controlar la prestación del servicio, convocar a audiencias públicas y, fundamentalmente, “aprobar las tarifas del servicio de distribución y las bases para su cálculo”.
Vidal primero demoró la firma del decreto que le daba la puntada final a la puesta en marcha del EMSE, en medio de sus cortocircuitos con la Rosada. Pero finalmente le dio luz verde y dejó una verdadera manzana envenenada para la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el caso de que Axel Kicillof gane en octubre.
Es que, según el artículo 7 de ese documento, el EMSE será manejado por un directorio de 6 integrantes -4 vocales, presidente y vice-, con tres miembros por la Provincia y tres por la Ciudad. El acuerdo de Constitución establece que la presidencia se rota cada tres años y que el primer turno corresponde a CABA, es decir que hasta 2022, Larreta no puede perder ninguna votación, porque el presidente tiene la facultad de desempatar votaciones.
Ese privilegio quedará durante los primeros tres años de funcionamiento en manos de Héctor Falzone, un hombre que viene del mundo privado y que representará a la Ciudad.
La selección de los directores por la Provincia es un verdadero dolor de cabeza para María Eugenia Vidal y los suyos. Primero se promovió el nombre de Osvaldo Rolando, hombre con estrechos vínculos con EDESUR que se desempeñó bajo el ala de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía, pero el nombre perdió fuerza con el correr de los días. “Se bajó porque estaba flojo de papeles”, sintetizó con picardía que sigue de cerca el proceso de constitución del Ente.
Entonces apareció el nombre de Damián Andino, ex director de EDELAP y de Centrales de la Costa, una empresa estatal que abandonó en medio de un escándalo porque percibió una indemnización millonaria, a pesar de que el suyo era considerado un cargo político. Ese escándalo se reavivó una vez que se conoció la intención de la Provincia de postularlo.
“Todos los nombres que proponen terminan quemados”, admitieron desde el Gobierno provincial que atribuyó ese resultado al “fuego amigo”. El problema es más complejo si se considera a la luz de que cualquier designación podría tener un carácter menos que transitorio –casi efímero- si es que las urnas confirman la predilección del pueblo bonaerense por la candidatura de Kicillof.
Se descuenta que el postulante del Frente de Todos no aceptará los nombres que designe Vidal, y que les pedirá la renuncia. Puede que para ese momento sea demasiado tarde: el objetivo de Horacio Rodríguez Larreta es conformar un directorio lo antes posible y celebrar la primera reunión oficial.
Es en esa instancia, y no antes, donde se definirá la estructura orgánica y se repartirán gerencias y jefaturas que no se consideran cargos políticos, por lo cual gozan de estabilidad, derechos laborales y salarios suculentos. Hay por lo menos 15 lugares para los funcionarios de ambas jurisdicciones –todos estrechamente relacionados al PRO- que ambicionan esos lugares.
No es el único problema que afrontará eventualmente Kicillof. Más allá de las fronteras de EDENOR y EDESUR, hay cuatro distribuidoras bonaerenses -EDELAP, EDEN, EDEA y EDES- junto a doscientas cooperativas que prestan el servicio a millones de usuarios y que se ciñen a las reglas de la Dirección de Energía Provincial y al control del OCEBA.
Si no logra un rápido control del EMSE, Kicillof deberá tener un “doble estándar” para regular la prestación del servicio en Buenos Aires, la Provincia. No se trata de un mero problema político, sino, aventuran especialistas en derecho, de un potencial problema legal.
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