La justicia provincial intervino en el municipio de General Belgrano, luego de que los servicios locales que dependen del gobierno decidieran trasladar a cuatro menores de edad hacia un hogar de Abrigo de la ciudad de Chascomús. Es decir, a 70 kilómetro de su ciudad natal.
La medida evitó que los niños y niñas sean trasladado por la intervención del juez Civil y Comercial, Marcos F. Val, quien en su fallo aseguró que la decisión de traslado de los menores de edad por el municipio que gobierna Osvaldo Dinapoli (Juntos por el Cambio), “deja en claro la incapacidad del Estado local para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en la localidad”, así como también “demuestra la falta de respuestas útiles para resolver la problemática creada por un padre violento”.
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“La respuesta, una vez más, consiste en trasladar a los niños y niñas víctimas fuera de la localidad, dejarlos en un hogar y que pierden los pocos vínculos que puedan tener relativos a su grupo de amigos, escuela, etc., violando de tal modo el centro de vida de los niños y niñas”, expresó Val en su fallo.
Por ello, el magistrado le pidió al municipio que se adecue al cumplimiento con los términos de la Convención Sobre los Derechos del Niño en el “plazo más breve posible”.
La decisión de la justicia bonaerense también marca un precedente importante en relación a cómo se debe obrar ante la situación de menores de edad cuyos derechos son vulnerados viviendo en sus hogares o en situación de calle.
Para el juez Val, la medida que se había tomado, “en vez de restablecer esos derechos, profundizaba la violación de esos derechos, porque los alejaba a 70 kilómetros del lugar en donde viven y modifica sustancialmente su centro de vida”.
Sin dudas, lo ocurrido con la búsqueda desesperada y finalmente la aparición de la niña “M”, dio lugar a que la justicia revise con mayor consideración cómo tratar situaciones similares.
En diálogo con una emisora local, el magistrado consideró que generalmente, la justicia actúa desde la vía penal, pero no llega a prevenir que niños y jóvenes caigan en el mundo del delito. “En general nosotros como sociedad nos preocupamos siempre que se castigue el delito una vez que el delito se ha cometido. Pero nunca vemos la situación previa”, especificó.
El magistrado contó, además, que en todo el departamento judicial de Dolores, existe actualmente un solo juzgado de la Familia, el cual se ocupa de tratar estos temas. “Es como si se esperara a que estos chicos se crucen con el mundo del delito, para actuar”, consideró Val, quien agregó que con el fallo emitido no busca ningún tipo de confrontación política. “No tengo intención de decirle a algún intendente qué es lo que tiene que hacer”, dijo.
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