La demanda civil que presentó un funcionario del gobierno de Mauricio Macri contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le costará a los argentinos una cifra multimillonaria.
Se trata de la tasa de Justicia que tendrá que pagar la Dirección Nacional de Vialidad por la actuación judicial que entabló su titular, Javier Iguacel por supuestos daños y perjuicios contra Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo del ex Presidente) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por una cifra de 22.500 millones de pesos, a modo de resarcimiento “por el daño ocasionado por los hechos de corrupción”.
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Es que hace unas semanas, el juez Julián Ercolini dio impulso a esa demanda civil, sin dar cumplimiento a la obligación legal que constituye el pago de la tasa de justicia que establece la Ley Nº 23.898.
Sin embargo, en las últimas horas y ante un pedido de la defensa, el magistrado debió intimar al Estado a pagar la cifra multimillonaria bajo pena de incurrir en un grave delito penal.
Es por ello que la demanda civil presentada por el funcionario nacional, le hace perder al Estado argentino una cifra que alcanza los 1.000 millones de pesos.
Pero la situación podría empeorar: el gobierno de Cambiemos tiene tiempo hasta el viernes para efectuar el pago de la tasa, y en caso de no hacerlo, deberá afrontar una multa del 50 por ciento del monto total a pagar, es decir, casi 500.000 millones de pesos.
No sería la primera vez que un capricho del titular de Vialidad Nacional le hace despilfarrar dinero de los argentinos al gobierno de Mauricio Macri.
Porque Javier Iguacel es el funcionario responsable de un papelón sin fin del macrismo: el célebre “puente angosto” sobre la Ruta 5, a la altura de Luján, que se convirtió en un verdadero escándalo, por las evidentes y peligrosas fallas en su construcción que van apareciendo de a una por vez, a pesar de los “parches” que intenta poner como solución la gestión de Iguacel.
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