La Corte Suprema de Justicia puso punto final a la causa conocida como “Dólar futuro”, en la que estaban imputados el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se desempeñaba como ministro de Economía, y la entonces presidenta Cristina Kirchner, junto a varios exfuncionarios. La decisión del máximo tribunal, adoptada mediante el artículo 280 del Código Procesal, dejó firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que concluyó que no existió perjuicio para el Estado en las operaciones investigadas.
La fiscalía, encabezada por Raúl Pleé y posteriormente respaldada por el procurador interino Eduardo Casal, había insistido en que el caso debía debatirse en un juicio oral para evaluar las pruebas en detalle. Según Pleé, el sobreseimiento previo en instancia de Casación “frustró la pretensión acusatoria” y constituyó un “gravamen al Ministerio Público”. Sin embargo, en abril de 2021, los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa consideraron que la pericia realizada por los analistas de la Corte Suprema había demostrado la inexistencia de perjuicio fiscal y afirmaron que las decisiones de política económica no eran judicializables.
El origen de la causa
La causa se originó en 2015, tras una denuncia presentada por diputados del PRO y la UCR, quienes cuestionaron la venta de contratos de dólar futuro por parte del Banco Central (BCRA) a valores entre $10,6 y $10,8, mientras que el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Según el juez Claudio Bonadio, el BCRA habría acumulado pérdidas de más de 77 mil millones de pesos por esta operatoria. En 2016, Bonadio procesó a Kicillof y a otros funcionarios, sosteniendo que las operaciones perjudicaron al patrimonio del Banco Central.
Años más tarde, un peritaje solicitado por las defensas al Tribunal Oral Federal 1, realizado por los peritos de la Corte Suprema y de parte, concluyó que las operaciones de dólar futuro no generaron pérdidas para el BCRA. En cambio, los balances del organismo arrojaron ganancias de $147.116 millones en 2015 y $67.448 millones en 2016. Este informe técnico, presentado en 2019, fue un factor clave para que los jueces de Casación dictaran el sobreseimiento de Kicillof, CFK y el resto de los imputados.
En una audiencia transmitida en vivo desde el Senado, Cristina Kirchner acusó al Poder Judicial de haber actuado con sesgo político en el caso. “El Poder Judicial es responsable de lo que pasó”, afirmó, refiriéndose a las consecuencias económicas que, según ella, derivaron de las decisiones judiciales. En la misma intervención, señaló a funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, como Federico Sturzenegger, expresidente del BCRA, y al expresidente Macri, como responsables de una devaluación que exacerbó la situación.
La Corte Suprema, compuesta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó la apelación de la fiscalía, resolviendo no abordar el fondo de la cuestión. Así, el fallo de Casación quedó firme, y el caso quedó cerrado definitivamente. Con esta decisión, Axel Kicillof y el resto de los imputados quedaron libres de cargos en una causa que marcó uno de los momentos más controversiales del sistema judicial argentino.
