El debate por el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses podría dejar de depender de la decisión política del gobernador de turno. Con un proyecto presentado en la Legislatura, el diputado del monobloque Derecha Popular Juan José Esper, propone quitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de definir si los comicios provinciales se realizan junto con los nacionales o en una fecha distinta, convirtiendo el desdoblamiento en una obligación legal a partir de 2027.
La iniciativa establece que las elecciones primarias y generales para cargos provinciales “no podrán realizarse de manera simultánea” con las nacionales para presidente, legisladores nacionales o convencionales constituyentes. Además, modifica la legislación electoral vigente para adecuarla a ese nuevo esquema.
QUÉ CAMBIA EL PROYECTO DE ESPER
El proyecto incorpora un artículo que prohíbe expresamente la simultaneidad entre las elecciones bonaerenses y las nacionales, deroga el artículo 148 de la Ley Electoral N°5.109 y modifica el artículo 2 de la Ley 14.086 de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La reforma mantiene que sea el Poder Ejecutivo quien convoque a las elecciones primarias, pero elimina las disposiciones que vinculaban el calendario provincial con el nacional y, al mismo tiempo, impide por ley que ambas elecciones vuelvan a celebrarse el mismo día.
En los fundamentos de la iniciativa, Esper sostiene que la Provincia de Buenos Aires necesita contar con un calendario electoral propio para que el debate político se concentre en los problemas bonaerenses y no quede condicionado por la agenda nacional. Según argumenta, cuando las elecciones coinciden con las presidenciales, “las prioridades de la Nación no opacan las de la Provincia” y los candidatos a gobernador terminan “escondidos detrás de una lista sábana”.
El legislador también repasa los antecedentes electorales desde el retorno de la democracia y afirma que las únicas elecciones desdobladas se produjeron por circunstancias vinculadas al calendario nacional y no por una decisión política de la Provincia. En ese sentido, plantea que el desdoblamiento debe transformarse en una regla permanente para que los bonaerenses puedan discutir “un proyecto centrado netamente en la Provincia” y sostiene que la reforma del sistema electoral constituye el primer paso para avanzar en otros cambios estructurales.
POR QUÉ HOY EL GOBERNADOR TIENE ESA FACULTAD
El proyecto apunta sobre una atribución que actualmente ejerce el Poder Ejecutivo provincial.
Si bien la Constitución bonaerense no menciona de manera expresa el desdoblamiento electoral, sí establece que la convocatoria a las elecciones corresponde al Poder Ejecutivo, facultad que luego desarrolla la legislación electoral vigente.
La Ley Electoral N°5.109 dispone que el Poder Ejecutivo convoca a las elecciones mediante decreto, fijando la fecha de los comicios dentro de los plazos establecidos por la normativa. A su vez, la Ley 14.086, que regula las PASO bonaerenses, también establece que la convocatoria corresponde al Poder Ejecutivo provincial.
Es decir, la decisión política de unificar o separar las elecciones forma parte de las atribuciones que hoy ejerce el gobernador al momento de dictar el decreto de convocatoria, siempre dentro del marco legal vigente.
LA CONSTITUCIÓN NO OBLIGA A VOTAR JUNTO CON LA NACIÓN
Otro de los aspectos técnicos del debate es que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no exige que las elecciones bonaerenses coincidan con las nacionales.
La Carta Magna provincial dispone que la elección del gobernador debe realizarse junto con la de los legisladores provinciales, pero no establece que esos comicios deban celebrarse el mismo día que la elección presidencial o la de diputados y senadores nacionales.
Por esa razón, el proyecto de Esper no modifica la Constitución, sino que busca reformar la legislación electoral para limitar una facultad que hoy posee el Poder Ejecutivo. De aprobarse, ningún gobernador podría volver a optar por unificar las elecciones provinciales con las nacionales, ya que el desdoblamiento pasaría a ser una obligación legal permanente a partir de 2027.
