Tras el procesamiento de 29 intendentes y ex intendentes bonaerenses por parte del juez federal Claudio Bonadío, el PJ de la provincia denunció que Cambiemos lanzó una batería de “carpetazos y falsas denuncias” como método de extorsión de cara a la campaña electoral. Culparon al asesor presidencial, Jaime Durán Barba, por ser el ideólogo de la estrategia y criticaron que se aleja “de la premisa que prometió el propio gobierno” de “consolidar una Justicia libre e independiente”.
Los procesamientos se dieron en el marco de la causa GIRSU, en la que Bonadío consideró que un conjunto de intendentes actuaron como partícipes necesarios de defraudación al Estado por ser adjudicatarios de subsidios provenientes del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, hoy Secretaría, durante el periodo 2013-2015.
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El intendente de Laprida y uno de los procesados, Alfredo Fisher, consideró “sospechoso” que casi la totalidad de los procesados sean peronistas y que tengan “posibilidades de candidatearse”. En diálogo con INFOCIELO, el jefe comunal advirtió que “se va a zamarrear a los intendentes en la Justicia” durante el año electoral. De todas formas, ratificó que será candidato a intendente: “A mí no me va a voltear Bonadío”, disparó.
En un comunicado de repudio a las amenazas, el Partido conducido por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expresaron que el motivo de los “carpetazos” es que al gobierno “no le dan los números”. “Lo esperable sería que concentren toda su energía en buscar herramientas para paliar y resolver el desastre social y económico”.
Los y las dirigentes y militantes del @pjprovinciaba repudiamos las versiones de extorsión a intendentes peronistas como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos.#PJ2019 pic.twitter.com/aQxKs5r6Kq
— Partido Justicialista de la Provincia de Bs As (@pjprovinciaba) 7 de febrero de 2019
Por su parte, Fisher adelantó que apelará la decisión de Bonadío porque “esto no constituye ningún delito”. Reveló que cuando fue citado a indagatoria, el 22 de junio de 2018, presentó “sobreabundantes pruebas que no fueron consideradas por el juez”. También informó que la oposición local ya se hizo eco de lo actuado por Bonadío y “están empapelando las redes sociales como parte de la campaña que se viene”.
Quien se expresó a través de Twitter fue el jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. Manifestó que “es un orgullo ser procesado junto a 91 compañeros y compañeras viniendo de un gobierno gorila que persigue al peronismo y dirigentes del campo popular”.
Por último, desde el PJ bonaerense consideraron que tanto los intendentes como las organizaciones sociales son “quienes ponen la cara todos los días y contienen los efectos de la crisis para que no sea aún peor”.
Además de ellos, fueron procesados los ex intendentes José Inza (Azul), María Gianini de Lafleur (Carlos Tejedor), Gastón Arias (Brandsen), Néstor Álvarez (Guaminí), Diana Arguello (Lobería), Jorge Eijo (General Belgrano), Martín Caso (Rojas), Gustavo Trankels (Torquinst), Francisco Iribarren (Florentino Ameghino), Enrique Tkacik (Hipólito Yrigoyen), Marta Médici (Alberti), Ricardo Curetti (Carmen de Patagones), Carlos Racciatti (Lezama), Juan Carlos Bartoletti (General Viamonte) y Francisco Gutiérrez (Quilmes).
Por otra parte, los intendentes en actividad procesados por Bonadío fueron: Pablo Zurro (Pehuajó), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem), Ricardo Casi (Colón), Walter Torchio (Carlos Casares), Héctor Olivera (Tordillo), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Gustavo Walker (Pila), Marcos Fernández (Monte Hermoso), Marcelo Skansi (Carmen de Areco), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Francisco Echarren (Castelli).
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