El mal uso y control de las fumigaciones con agroquímicos en la provincia de Buenos Aires ha generado reacciones inéditas por parte de la justicia y también de organismos públicos, que comienzan a exigir mayor presencia del Estado para ponerle orden a una práctica que (lo han comprobado sucesivos estudios científicos) genera daños irreparables para la salud y también para el medio ambiente. A la causa judicial que orbita sobre Pergamino, en el cual ya son siete los productores rurales procesados por la justicia federal, se le suman otros: un caso claro es Tandil, en donde ahora la Defensoría del Pueblo de la Provincia se refirió a un grave caso de contaminación y le exigió “medidas inmediatas” al gobierno municipal que conduce Miguel Lunghi.
Allí, los vecinos denuncian desde hace varios años el mal uso de las fumigaciones con diferentes agrotóxicos, como sucedió (y sucede) en la pequeña localidad rural de Gardey, en donde sus habitantes manifiestan que, producto de la aplicación de agroquímicos en la periferia del pueblo, concretamente en el campo “Don Juan”, “se producen perjuicios a la salud y el ambiente de los habitantes de esa localidad”. La primera denuncia se dio en diciembre del año pasado y se potenció a partir de un informe que elaboraron especialistas, en donde confirmaron la presencia de 16 tipos de agrotóxicos en las escuelas rurales de Tandil.
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Al respecto, señalan la falta de una adecuada fiscalización de la actividad. Además, los vecinos, muestran también su malestar por el tránsito de equipos autopropulsados, conocidos comúnmente como “mosquitos”, por dentro de la zona urbana de Gardey, dando cuenta de la escasa distancia que existe entre las fumigaciones y el centro urbano.
Todo eso llevó a una denuncia que terminó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Tandil, en la cual por ahora no ha tomado medidas para llevar tranquilidad a los vecinos.
“Frente a esta situación particular, la Defensoría del Pueblo solicita al señor Intendente Municipal, se arbitren las medidas pertinentes para resolver el problema planteado por los vecinos de Gardey. A tal efecto, sugerimos que el Municipio, ejerciendo las facultades que le son propias, fiscalice la aplicación de agroquímicos en el área de conflicto”, destacaron en un comunicado desde la Defensoría que lleva a cabo el titular, Guido Lorenzino.
En la misma línea, la Defensoría sugirió la necesidad de avanzar hacia una ordenanza propia que pueda regular y ordenar las “zonas de exclusión” para las fumigaciones. Esto es, superficies, próximas a las viviendas, donde no puedan aplicarse agroquímicos de ningún tipo. Además, se puntualizó en la extrema necesidad de contemplar el viento a la hora de fumigar, ya que aun con recetas, los productores pueden hacerlo en momentos donde el viento apunta para los centros urbanos.
“Sugerimos que se elabore una ordenanza acorde a los tiempos actuales, en los cuales se presentan situaciones técnicas, sanitarias, sociales y económicas que ameritan actualizar las normativas que regulan la actividad agropecuaria en general y la vinculada con los agroquímicos en particular”, puntualizaron desde el organismo.
“El volumen y calidad de los trabajos científicos publicados, sobre los daños a la salud y el ambiente que producen los agroquímicos, la realidad sanitaria y ambiental de las poblaciones linderas a los establecimientos agropecuarios y las escuelas, nos imponen
adecuar las normativas sobre el control y la fiscalización de la producción, comercialización y aplicación de los productos de síntesis química utilizados para la sanidad vegetal”, cerraron desde la Defensoría.
PROYECTO DE ORDENANZA FRENADO
El año pasado, un grupo de especialistas y ambientalistas liderados por el ingeniero ambiental, Claudio Lowy, presentaron un proyecto de ordenanza que contempla una distancia mínima de 1.500 metros para las fumigaciones en los campos, entre otros puntos que buscan un equilibrio entre la producción y la vida de las personas.
Pero, a más de nueve meses de su presentación, el proyecto se encuentra paralizado y según los vecinos y vecinas que impulsan la propuesta, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, se distanciaron y presentaron un proyecto de ordenanza propia.
Los vecinos y ambientalistas de Tandil temen que ante un “consenso” con los sectores agropecuarios, se vuelva a aprobar una ordenanza que sea más beneficiosa para el agronegocio que para la salud de las personas.
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