La situación judicial del diputado de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, volvió a complicarse hoy, luego de que la Justicia federal ordenara nuevas medidas de prueba en la investigación por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales. Según informó Infobae, el juez Daniel Rafecas dispuso una nueva batería de requerimientos antes de resolver el pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuán.
La resolución implica un nuevo avance en una causa que desde hace meses analiza la evolución patrimonial del legislador libertario. Entre las medidas ordenadas figuran pedidos de información al Banco Provincia para reconstruir la cancelación de un crédito hipotecario por unos 60 millones de pesos, además de requerimientos a la Legislatura bonaerense para obtener su última declaración jurada y al Registro de la Propiedad para verificar la situación de inmuebles bajo investigación.
LA LUPA SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS
De acuerdo con la información, la investigación también se concentra en las rectificaciones que Adorni presentó una vez iniciada la causa. La fiscalía intenta determinar si existieron omisiones deliberadas de bienes, cuentas bancarias y otros activos que luego fueron incorporados mediante declaraciones rectificativas.
Entre los puntos bajo análisis aparece una herencia por 21 millones de pesos, además de diferencias detectadas entre distintas presentaciones patrimoniales realizadas por el diputado. Para el fiscal Marijuán, las modificaciones introducidas durante la investigación ameritan profundizar la pesquisa antes de definir los próximos pasos procesales.
EL ESCENARIO QUE PREOCUPA EN LA LEGISLATURA
Las nuevas medidas llegan cuando la causa se encuentra en una instancia decisiva. Si los elementos reunidos por la Justicia respaldan la hipótesis de la fiscalía, Rafecas deberá resolver si cita a Francisco Adorni a prestar declaración indagatoria.
Ese paso no implica una condena ni un procesamiento automático, pero representa un avance formal de la investigación y suele ser la antesala de una definición sobre la situación procesal del imputado.
En caso de que posteriormente el juez dicte su procesamiento, el expediente también podría tener consecuencias políticas dentro de la Cámara de Diputados. Como informó oportunamente Infocielo, un eventual procesamiento podría habilitar el tratamiento legislativo de la situación del diputado y abrir el debate sobre la continuidad de sus fueros y su permanencia en la banca, de acuerdo con los mecanismos previstos en el reglamento y la Constitución provincial.
Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo documentación para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales suficientes como para avanzar con la imputación formal del legislador libertario. La decisión sobre una eventual indagatoria quedará ahora en manos del juez Rafecas, una vez concluidas las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía.
