La pulseada por la designación de cargos en la Justicia Federal que podría derivar de una eventual aprobación de la Reforma, tiene su correlato en la Justicia bonaerense. En la Provincia, sin embargo, se invierten los roles. Mientras el oficialismo puja por revisar los pliegos que impulsó Vidal en el ocaso de su gestión, la oposición se aferró a tecnicismos parlamentarios para mantener los pliegos en el Orden del Día.
Se trata de 42 pliegos para completar cupos vacantes en la Justicia Provincial. En la nómina aparecen 2 postulantes para el Tribunal de Casación Penal de la Provincia, máximo órgano de revisión previo a la Suprema Corte; 16 jueces de diferentes fueros, 17 fiscales y 7 defensores oficiales.
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En las últimas horas, el debate giró en torno a la posición de unos y otros con relación al procedimiento de designación. Desde el oficialismo, aseguran que el reglamento es claro: “todos los proyectos o asuntos” incorporados al Orden del Día que fue no fueran tratados al término de cada período legislativo, deberían volver a comisión. Lo dice el artículo 139 del reglamento interno.
Los cambiemitas afirman que, para retirarlos, se requiere de la aprobación del cuerpo. Aseguran que como superaron distintas instancias, más allá del dictamen de comisión, no es facultad de la Secretaría Administrativa volverlos a comisión. La oposición hizo valer su mayoría, y los devolvió al Orden del día
En las últimas horas hubo sondeos cruzados para resolver la cuestión. En la oposición admiten que no podrán sostener todos los pliegos. Algunos porque, saben, no pasan ningún filtro en el Frente de Todos. Pero los cuestionamientos políticos no son los únicos que traban las designaciones. Hay otros de orden jurídico que transformarían en un verdadero escándalo una eventual designación.
Entre los postulantes conviven casos de aspirantes que enfrentan causas judiciales con procesamientos dictados, con otros ferozmente resistidos por el oficialismo. Entre ellos, Francisco Pont Verges, mano derecha del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, sobre quien llueven críticas dentro del Frente de Todos. Lo acusan de encabezar una verdadera caza de brujas durante la gestión de María Eugenia Vidal, su impulsora en el cargo y jefa política.
No se trata sólo de oposición política. Hay antecedentes de resoluciones de la Suprema Corte que habilitan al Gobernador a rechazar pliegos incluso aprobados en el recinto cuando medie una causa posterior contra un funcionario designado. El oficialismo tomó nota y ya tiene en carpeta los antecedentes. La propia Vidal rechazo coronar la designación con la firma correspondiente de un funcionario que había pasado el periplo legislativo. Lo que vale para uno, vale para todos.
La semana pasada, el senador Juan Pablo Allan, una de las principales espadas legislativas de juntos por el Cambio, admitió que su espacio está dispuesto a negociar con el Ejecutivo. La buena práctica indica que cualquier designación en el ámbito de la Justicia debe contar con el consenso legislativo de todas las fuerzas, para que ningún magistrado quede ‘marcado’ con el impulso de un solo color político. No sería buena señal para la necesaria independencia de los poderes, que un solo frente electoral designe a los Jueces que deberán obrar con independencia partidaria.
En ese sentido, el propio Allan admitió ante INFOCIELO-Tv que “no está bueno que los jueces y fiscales de la Provincia de Buenos Aires, salgan por mayorías ajustadas”. “Es importante que tengan consenso, y reconocemos la posibilidad y todo el derecho del mundo que tiene el Poder Ejecutivo de avanzar en unos pliegos, y en otros no. Pero eso es fruto del diálogo político”; explicó Allan.
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