Así lo establece la reformulación de uno de los artículos que impulsó el Ejecutivo, aclarando la posibilidad de que la Justicia pueda tener como prueba de la investigación en curso, “a las filmaciones obtenidas por particulares mediante el sistema de monitoreo en lugares público o de acceso público”.
Tal como anunció Scioli, la iniciativa estipula que el fiscal “podrá requerir a organismos públicos las filmaciones obtenidas mediante el sistema de monitoreo”, así como también “las grabaciones de las llamadas a los teléfonos del Sistema de Emergencias”, como el 911.
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La norma pergeñada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, aclara que ese material “será entregado al Fiscal en su soporte original, o de no ser posible, en copia equivalente en soporte magnético y/o digital”.
La novedad dentro del paquete de reformas que impulsa Scioli, es que extiende la validez como prueba de las filmaciones del “sector público”, a todas aquellas “filmaciones obtenidas por particulares”, una referencia que abre la puerta a que, incluso, puedan eventualmente utilizarse como pruebas de la comisión de un delito cualquier tipo de registro obtenido de forma particular.
La iniciativa aclara, no obstante, que “aún cuando ‘prima facie’ pueda –esas filmaciones- no gozar de la natural confiabilidad que merecen las filmaciones y grabaciones a través del sistema público, lo cierto es que acreditada debidamente su autenticidad, puedan servir de forma análoga como prueba de hechos ilícitos” siempre y cuando “no afecten las garantías constitucionales”.
Nuevas tasas que grabarán las ‘tareas’ de la Policía bonaerense
El paquete de medidas impulsadas por la Gobernación contempla, además, la eliminación de la exención del pago de tasas administrativas, para determinados tipos de trámites que se realizan ante la Policía de la Provincia, como la averiguación de antecedentes, de un individuo, requisito indispensable en determinadas circunstancias para acceder a un trabajo.
En ese sentido, otro de los proyectos que llevan la firma del Gobernador Scioli y de su Ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal; establece la restitución de “la tasa por servicios administrativos que presta la Policía de la Provincia de Buenos Aires” para lo cuál, reclama la derogación de un artículo actualmente vigente en el Código Fiscal, “que exime el pago de tasas administrativas concernientes a solicitud de certificaciones de buena conducta”.
Pero además, deberán pagar una tasa por el “servicio” que presta la policía, los conductores que protagonicen un accidente de autos en la vía pública y que por las características del mismo, ameriten el “peritaje” de la Policía pericial bonaerense.
Siempre según lo reclama la iniciativa oficial, de aprobarse el paquete de medidas, entre los que ya tributan una tasa y los que comenzarán a hacerlo, los trámites ante la Policía que quedarán grabados son “la expedición de testimonios o copias certificadas de acta de choque o de exposición; el pedido de informes; la expedición de certificados de antecedentes; el grabado y verificación de automotores; el otorgamiento y renovación de autorización de armas; el asesoramiento sobre seguridad bancaria; la habilitación y verificación de libros legales y las pericias sobre accidentología; planimetría; rastros dactiloscópicos para constatación de identidad”.
El resto del paquete impulsado por el Gobernador -que no contempla, aún la regulación de la circulación de motos con acompañantes en determinadas horas y áreas- contempla mantener el Estado de Emergencia edilicia en el Poder Judicial y avanza en el proceso de descentralización en materia judicial, además de crear caros para Agentes Fiscales, Defensores Oficiales y demás funcionarios dentro del organigrama judicial.
